Plural en linea
La comunidad internacional sigue metiendo presión al régimen de Maduro. Con la escalada bélica en Oriente Próximo y la guerra en Ucrania acercándose a su tercer año, las maniobras del gobierno venezolano para no reconocer el resultado de las urnas y echar del país a los opositores no ha sido uno de los temas principales esta semana en Naciones Unidas. Pero el tema, clave para la estabilidad en la región, tampoco ha sido ignorado.
Un grupo de 31 países, entre ellos no sólo el grueso de la Unión Europea (incluida España), sino también Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Ucrania, además de Argentina y Costa Rica, han suscrito este jueves en Nueva York un comunicado conjunto de denuncia, condena y exigencias a caracas. En él, se reconoce a su vez “la mayoría de votos” de Edmundo González.
“Aplaudimos al pueblo venezolano por su participación en las elecciones presidenciales del 28 de julio a pesar de los importantes desafíos. Más de 12 millones de personas acudieron a las urnas y ejercieron su derecho a votar. Su voluntad, expresada en las urnas, debe ser respetada. Sin embargo, han pasado casi dos meses desde la elección, y los pedidos de transparencia electoral tanto de los venezolanos como de la comunidad internacional siguen sin respuesta”, lamentan las principales potencias europeas y americanas.
“Seguimos profundamente preocupados por la represión generalizada y continua, así como por los abusos y violaciones de los derechos humanos denunciados tras las elecciones. Estos abusos incluyen arrestos y detenciones arbitrarias (incluso de niños), muertes, negación de garantías de juicio justo y tácticas de intimidación contra la oposición democrática y otros miembros de la sociedad civil. En el contexto de la violenta represión contra miembros de la oposición, una orden de arresto por motivos políticos emitida el 3 de septiembre contra el candidato presidencial Edmundo González Urrutia, quien según los registros electorales disponibles públicamente obtuvo la mayoría de los votos en las elecciones del 28 de julio, le obligó a abandonar el país”, apunta el comunicado
La historia es bien conocida. Los observadores electorales internacionales han documentado la falta de garantías y de transparencia, denunciando la integridad del proceso electoral, en particular la negativa de la Comisión Electoral Nacional a publicar “resultados detallados y verificables de forma independiente de los centros de votación, como se requiere”. La oposición colgó miles de actas pero el gobierno se ha negado sistemáticamente. Además, ha expulsado al líder opositor del país, obligándole a firmar documentos en la embajada española bajo la amenaza de encerrarlo. Y se niega a dar explicaciones.
“Ahora es el momento de que los líderes políticos venezolanos inicien discusiones constructivas e inclusivas sobre una transición con garantías para ambas partes para resolver el impasse político del país y restablecer las instituciones democráticas de manera pacífica de conformidad con la ley venezolana, así como con la voluntad del pueblo expresada a través de sus votos el 28 de julio. Nos solidarizamos con los millones de venezolanos que continúan arriesgando sus vidas y su bienestar para exigir un futuro más democrático, próspero y seguro para ellos y su país”, dice el papel.
Traducido: la posición de la Comunidad Internacional es clara pero el camino es tortuoso. Los grandes de la ONU dan por hecha la victoria de Edmundo González, de la oposición, pero insisten en que transición de poderes debe salir del país y no puede ser impuesta. El Congreso español, como el Parlamento Europeo, han reconocido a González como vencedor, pero los gobiernos no quieren, dicen, que vuelva a ocurrir lo mismo que con Guaidó, cuando el apoyo de las democracias globales no sirvió para nada. Así que redoblan esfuerzos, hablan (algunos como EEUU) de sanciones, incautan aviones. Pero siguen confiando en una salida negociada, quizás con un exilio para Maduro y su camarilla.
Ministros y primeros ministros exigen “la liberación inmediata de las personas detenidas arbitrariamente sin respeto por las garantías de un juicio justo. Es fundamental que se permita a los venezolanos expresar sus opiniones políticas de manera pacífica, incluso mediante el ejercicio de la libertad de reunión y expresión pacíficas, sin temor a represalias. Exigimos que se ponga fin al uso excesivo de la fuerza, la violencia política y el acoso contra la oposición y la sociedad civil”, dicen los 31 gobiernos, que también piden “el retorno inmediato” de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a Venezuela y las condiciones necesarias para que pueda cumplir plenamente su mandato.
(El Mundo)