Plural en linea
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió al ayuntamiento de Puebla la suspensión en la controversia constitucional que interpuso hace un año, y ordenó al gobernador Miguel Barbosa Huerta abstenerse de asumir el mando de la policía de este municipio.
La Segunda Sala de la SCJN concedió la razón a la autoridad municipal para que “las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran” hasta que se resuelva la controversia, al no encontrar elementos que justifiquen que el gobierno estatal tome el control de la seguridad de Puebla capital.
Al resolver los recursos de reclamación 36/2020-CA y 37/2020-CA que presentó el municipio, la sala concluyó, por mayoría de votos, que no existen elementos para afirmar que se pondría en peligro el orden y la paz de continuar las funciones de la policía preventiva a cargo del municipio, ni que se ponga en peligro la economía nacional o las instituciones fundamentales del orden jurídico.
La alcaldesa morenista, Claudia Rivera Vivanco, interpuso la demanda de controversia luego de que Barbosa Huerta emitió dos decretos con los que anunció que tomaría el control de la seguridad municipal, y nombró a Karla Morales como delegada.
En varias ocasiones la edil acusó al mandatario de pretender entregar el control de la seguridad al priista Ardelio Vargas Fosado, excomisionado de la Policía Federal y exsecretario de Seguridad del estado en el gobierno de Rafael Moreno Valle, pues Morales es una de las más cercanas colaboradas de éste.
Rivera Vivanco se negó a entregar el mando de la policía municipal y a partir de ahí se agravó el conflicto que a la fecha mantiene con el gobernador, pese a que ambos fueron electos bajo los colores de Morena.
En marzo de 2020 la SCJN había negado la suspensión, pero al presentar los recursos de reclamación, el ayuntamiento aclaró que el acto no estaba consumado, pues el control de la policía preventiva aún continuaba a cargo del municipio.
El pasado 25 de marzo, Barbosa Huerta publicó otro decreto para renovar su determinación de tomar el control de la seguridad en la capital, aunque reconoció que no lo ejercería.
(Proceso)