Plural en linea
El gobernador Miguel Barbosa Huerta volvió a recalcar que el caso del bebé Tadeo, cuyo cadáver fue introducido al penal de San Miguel, quedará esclarecido por completo, al tiempo que se refirió a las versiones que apuntan a que esto fue tramado por grupos criminales como una venganza política para desestabilizar su gobierno.
“Yo no voy a descartar ninguna teoría o línea de investigación, lo vamos a aclarar y estamos a punto de aclararlo completamente. Para aquellos que especulan que tales grupos criminales son los que están queriendo hacer cosas como una venganza política, no se preocupen, vamos nosotros a investigar y lo vamos a definir todo”, expresó.
Cabe señalar que, aunque este lunes fueron emitidas 23 órdenes de aprehensión, de las cuales se ejecutaron 21 entre custodios, mandos y directivos del penal, hasta ahora no se ha dado a conocer las causas por las cuales se habría introducido el cuerpo del niño de tres meses de nacido al penal.
Barbosa recalcó que su gobierno podía investigar a fondo este caso porque, aseguró, no tiene vínculo con la delincuencia, como sucedió en gobiernos de Puebla que lo antecedieron.
“Para aquellos que sienten que pueden desestabilizar a nuestro estado con hechos delictuosos, les decimos que nosotros esclarecemos perfectamente todo, les digo que no, que con este gobierno se topan y vamos a aplicar la ley con toda firmeza. sin inventar hechos, ajustado a los procedimientos”, agregó.
Señalan a su exsecretario de Seguridad
Cabe señalar que las declaraciones del gobernador coinciden con columnas que publicaron en estos días periodistas allegados a su administración, en donde se menciona la posible participación en esos hechos del chiapaneco Raciel López, quien fue secretario de Seguridad del Estado en la actual administración, del 29 de febrero de 2020 al 9 de abril de 2021.
López fue nombrado secretario por Barbosa teniendo antecedentes de vínculos con grupos delictivos; después de renunciar al cargo, fue acusado por el propio mandatario de haber aprovechado el cargo para construir con su equipo de colaboradores un “pueblito” en el penal de San Miguel, donde ofrecían celdas con privilegios, se ejercía la prostitución y el consumo de drogas.
Los mismos columnistas han incluso atacado a organizaciones como Reinserta, que ha dado seguimiento al caso, y a su cofundadora Saskia Niño de Rivera, a la que han acusado de ser parte de la trama para desestabilizar la administración de Barbosa.
En su rueda de prensa de este martes, el mandatario poblano dijo estar “escandalizado” por lo ocurrido con el caso del bebé y ofreció que se conocerán detalles de todo lo ocurrido y de las personas que están involucradas.
“No vamos a dejar de conocer los detalles de todo, se los digo para que quienes estén involucrados sepan que vamos tras ellos con toda la fuerza del Estado. Estamos ofendidos en Puebla por lo que hicieron estos malvados, estos seres diabólicos, tenemos que dar ejemplo de que en Puebla la ley se aplica y los monstruos, esas mentalidades retorcidas, hay que extraerlas de nuestro estado”, expresó.
El mandatario informó que los directivos y custodios a los que se les dictó órdenes de aprehensión el lunes no aplicaban protocolos de entrada y salida al penal y permitían actos de corrupción al interior.
La Fiscalía General del Estado no ha dado a conocer el móvil de estos hechos; mientras, en los medios locales se han manejado también otras versiones, como que fue un grupo de internos quienes tramaron estos hechos para hacer que los directivos del reclusorio fueran destituidos, y otra teoría es que el cuerpo del bebé ingresó en el camión de basura y que nunca estuvo en las celdas.
Barbosa aseguró que “pronto” se esclarecerá lo ocurrido y se fincarán responsabilidades, pero advirtió que, así como no debió ocurrir la introducción del cadáver del bebé al penal de Puebla, tampoco la exhumación del cuerpo en el panteón de Iztapalapa.
Por último, descartó que su gobierno vaya a pedir apoyo del gobierno federal para esclarecer estos hechos y advirtió que harán más operativos en todos los reclusorios del estado.
(Proceso)