Plural en linea
Al grito de “cárcel para Araceli y David Celestino Rosas”, cientos de pobladores de Coyomeapan participaron en los funerales de Omar Herrera Raymundo, de 15 años de edad, Teófilo Barrera Herrera, de 24, y Marcelo Carrera Reyes, de 45, quienes, acusan, fueron acribillados por policías estatales el 9 de mayo.
Luego de marchar por las calles de la cabecera municipal con los tres féretros y un conjunto de trombón y tambora, los pobladores se congregaron en la plaza principal donde colocaron mantas que decían: “Gobernador manchaste al pueblo de sangre”, “Policía Estatal Asesinos”, “Son tres muertos, justicia y paz sr. gobernador”, “La unidad de los pueblos ni se compra ni se vende” y “No a imposición de megaproyectos de muerte en la Sierra Negra”.
En cartulinas que portaban en sus manos, los integrantes de Unidad por Coyomeapan responsabilizaron a la diputada federal petista, Araceli Celestino Rosas y a su hermano David, de la emboscada en la que murieron los tres pobladores y resultaron heridos de bala otras ocho personas.
Congregados frente a la presidencia municipal, donde no han permitido que ingrese el edil Rodolfo García, esposo de Araceli Celestino, los pobladores cantaron el himno nacional en náhuatl y gritaron consignas en las que pidieron justicia y solución al conflicto que ya lleva más de 11 meses. Además, advirtieron que seguirán en pie de lucha.
Igual, divulgaron información sobre las personas muertas al señalar que Omar y Teófilo se dedicaban a labores en el campo, mientras que Carrera Reyes trabajaba como albañil y negaron que hayan sido parte de un “grupo armado” como acusó el gobierno estatal y la diputada Celestino.
El 10 de mayo, Araceli Celestino dio una rueda de prensa en la que aseguró que las personas que murieron y resultaron heridas en los hechos del 9 de mayo “no se trata de buenas personas” y formaban parte de una organización delincuencial “peligrosa”, que tenían en su contra denuncias y carpetas de investigación abiertas.
Acusó que ese día, la policía estatal respondió al llamado de auxilio de pobladores de una comunidad que eran extorsionados y golpeados por los dirigentes de Unidad por Coyomeapan que estaban “armadas hasta los dientes”.
Desde el 15 de octubre, los pobladores de Coyomeapan no han permitido el ingreso a la cabecera municipal del alcalde García, expulsaron a los policías y han exigido el nombramiento de un Concejo Municipal plural, sin embargo, pese a la situación de ingobernabilidad que prevalece en ese lugar, el Congreso del Estado no ha intervenido.
En septiembre, cuando el gobierno de Barbosa Huerta había establecido una mesa de negociaciones, las pláticas quedaron rotas el 1 de septiembre porque justo cuando salían de un encuentro, cuatro de los dirigentes de la resistencia fueron detenidos y encarcelados: Basilisa Montaño, Eruviel Aguilar, Gonzalo Martínez y Anastacio González, quienes siguen presos en Tehuacán.
La diputada federal por ese distrito, Inés Parra, denunció ante Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, las constantes amenazas y ataques que habían sufrido la población de esa localidad por grupos armados, presuntamente contratados por los Celestino.
La legisladora acusó que Encinas es uno de los responsables por lo ocurrido en Coyomeapan, ya que fue omiso para atender la situación de riesgo que ya se vivía en esa localidad.
Distintas organizaciones defensoras de derechos humanos y representaciones han reprobado lo ocurrido en Coyomeapan, entre ellas la Diócesis de Tehuacán que en un comunicado hizo un llamado a las autoridades para implementar mecanismos de diálogo que resuelvan el conflicto y no recurrir al “uso desmedido de la fuerza”.
“A las autoridades civiles un respetuoso llamado para que, en el ejercicio de su servicio, implementen mecanismos de diálogo que ayude a resolver el conflicto que, durante meses, ha afectado la vida comunitaria en el municipio de Coyomeapan. La verdadera paz no se consigue con el uso desmedido de la fuerza, sólo se puede alcanzar si se construye sobre la justicia”, dice el comunicado firmado por el Obispo Gonzalo Alonso Calzada Guerrero.
(Proceso)