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El ejército mexicano ha vendido armas a criminales, según la filtración que hizo el grupo “Guacamaya Leaks” tras hackear documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), precisó este sábado 10 de octubre en un reportaje de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
De acuerdo con la información, el 10 de junio de 2019 la Sedena tuvo conocimiento de que un militar ofrecía equipo táctico, armas y granadas, además de proporcionar información de movilidad y operativos de las fuerzas armadas a una célula de un cártel del narcotráfico que tiene su base en Tejupilco, en el Estado de México.
”El 31 de mayo (de 2019), el militar ofreció a operadores del grupo delictivo 70 granadas de fragmentación a un costo de 26 mil pesos (mil 297 dólares) cada una; la célula delictiva confirmó la compra de ocho de ellas, las cuales fueron entregadas en Atlacomulco, Estado de México”, según el informe militar que recoge MCCI.
Además, de acuerdo con el informe de la Sedena, el proveedor de armas era otro presunto integrante del ejército, al que los criminales se referían como “antiguo” y que tiene su base en el Campo Militar Número 1 de la Ciudad de México.
Sin embargo, el reporte revela que no se conoce la identidad de ambos militares, aunque se menciona que el elemento que abastecía las armas a la célula delictiva era identificado por los criminales como “Nuevo Comandante” y tiene el rango de coronel.
Las llamadas interceptadas refieren que un líder criminal le pidió al militar “dos millares de municiones para fusil AK-47, cinco millares para R-15 y 50 cargadores de cada tipo de rifle”.
Adicionalmente, el militar ofreció colaborar con los delincuentes para la ubicación del fiscal regional en Amecameca, porque supuestamente a petición del líder delictivo se planeaba su asesinato.
Los “Guacamaya Leaks” son un grupo de hackers que surgió en 2022, supuestamente con la finalidad de exponer a los gobiernos de América Latina, entre ellos Colombia, Chile, entre otros.
El grupo de “hacktivistas” atacó recientemente al gobierno mexicano al extraer seis terabytes de datos de la Sedena con documentos inéditos de 2016 a 2022 que dan cuenta de investigaciones, espionaje a grupos subversivos o guerrilleros, e incluso al interior de las agencias militares de seguridad, ministeriales y el gobierno de México.
(El Financiero)