Plural en linea
La revista Nexos, Sociedad, Ciencia y Literatura, S.A. de C.V., obtuvo contratos con toda la administración pública federal durante 2012-2018, que suman un monto total de 85 millones 257 mil 247 pesos, señaló la Secretaría de Función Pública (SFP).
Luego de inhabilitar a la editorial por dos años, la Función Pública señaló en un comunicado que respeta absolutamente la libertad de expresión y el trabajo periodístico.
“Se trata de un procedimiento administrativo sancionador sobre la asignación directa de un contrato a la empresa para una campaña de salud pública denominada ‘Chécate mídete pésate’ en 2018, cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) lo dirigía Tuffic Miguel Ortega, y hasta ahora se emite la resolución”, informó.
“Los editores de Nexos han sido de los más férreos propulsores y defensores del Estado mínimo. Hoy pueden seguir publicando libremente sus ideas sin depender del financiamiento del Estado”, escribió la titular de la SFP en su cuenta de Twitter
La Función Pública, sostuvo que en apego a sus obligaciones, aplicó la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y siguiendo la encomienda de no permitir los actos de corrupción, sólo fiscalizó los contratos públicos. Y aplicó la máxima de “Nada, ni nadie, por encima de la ley”.
La SFP puntualiza que la empresa proporcionó información falaz para agenciarse esta adjudicación directa con una total falta de ética y legalidad, ya que aportó información apócrifa para obtener un contrato público: presentó un documento del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) para, supuestamente, comprobar que estaba al corriente con sus aportaciones patronales, es decir, que no tenía adeudos; sin embargo, el mismo Infonavit confirmó que la información estaba alterada, ya que en sus registros oficiales sí tenía adeudos.
El documento falso sirvió para poder concretar el contrato mencionado. “El propio director de Nexos ha reconocido en entrevistas que en ese momento tuvieron que presentar de nuevo el documento porque se consideró falso”, argumenta.
La investigación se llevó de forma técnica independiente por el Órgano Interno de Control en el IMSS, respetando su autonomía de gestión.
La investigación se inició luego de que en 2018 se presentara una denuncia de la Coordinación Técnica de Planeación y Contratos del propio IMSS.
El Órgano Interno de Control aplicó de manera estricta la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Durante todo el procedimiento se respetó el debido proceso y la presunción de inocencia. La empresa sancionada aún puede presentar los recursos que a su criterio considere ante los tribunales, agregó la Función Pública.
(Aristegui Noticias)