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El Poder Judicial dio 24 horas a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para que cumpla cabalmente con la orden de detener la elaboración de los nuevos libros de texto gratuitos, dado que “se advierte que las autoridades responsables han sido omisas en dar cumplimiento a la resolución”.
En el periodo de 24 horas que dio la jueza Yadira Elizabeth Medina Alcántara a la SEP, la Secretaría deberá presentar las constancias de haber dado cumplimiento a la medida cautelar decretada en la resolución de 25 de mayo de 2023, en la que se compruebe que la elaboración de materiales cumplió con lo establecido en la ley, es decir, con un proceso que incluye la publicación de planes de estudio y consulta a sectores involucrados.
Esta orden se da luego de que, pese a la orden emitida hace dos meses, la secretaria de Educación, Leticia Ramírez, y el director de Materiales Educativos, Marx Arriaga, presumieron los libros impresos e indicaron que estos serán entregados para el siguiente ciclo escolar, y afirmaron que los padres de familia pueden estar seguros de su contenido.
A estas afirmaciones ha sumado también el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien el pasado 28 de julio, aseguró que estos materiales van a ser distribuidos sin importar el mandato judicial, “porque no hay motivo o razón para retirarlos o para embodegarlos”.
De acuerdo con López Obrador, las críticas contra los nuevos libros de texto se deben a que buscan una educación con dimensión social, humanística y científica, “que se había perdido durante el periodo neoliberal”, en el que los materiales tuvieron “un modelo más enfocado en lo material, hacia el egoísmo, no hacia la fraternidad y la solidaridad”.
Las campañas de padres y académicos contra los libros
Por separado, la UNPF y especialistas denuncian que la SEP ha ignorado la orden del Poder Judicial, hecho ante el cual han anunciado que continuarán con acciones legales y políticas en rechazo de los nuevos libros de texto gratuitos.
Los padres de familia contemplan continuar con el amparo promovido contra las decisiones de la secretaría y realizar campañas informativas para que las personas que tengan hijos e hijas en educación básica sepan que pueden rechazar los libros, mientras que los investigadores recaban firmas para exigir al Congreso que citen a comparecer a las autoridades responsables.
La suspensión judicial que está vigente es el resultado de un juicio de amparo interpuesto por la UNPF, asociación que reclama la falta de legalidad de la reforma a los materiales educativos, ya que además de no haber publicado aún los planes y programas del siguiente ciclo y no haber consultado el contenido de los libros, tampoco implementaron pruebas piloto en los primeros grados de primaria y secundaria previo a modificar los textos de todos los grados escolares de nivel básico.
(Animal Político)