El presidente Andrés Manuel López Obrador salió al rescate de la primera empresa en lo que va de sus casi cuatro años de gobierno, y tomó el control de una compañía de telecomunicaciones que es herencia de las reformas estructurales promovidas por Enrique Peña Nieto durante su sexenio.
Desde Oaxaca, donde el 45% de la población no tiene todavía un acceso digno a Internet, el presidente informó que el Estado mexicano se convirtió en el socio mayoritario de Altán Redes, empresa operadora de la llamada Red Compartida que vende servicios como telefonía e Internet fijos y móviles a terceras marcas que a su vez lo revenden al usuario final.
Altán Redes atraviesa por un proceso de concurso mercantil, tras enfrentar pasivos con 119 acreedores por 29,811 millones 819,312.18 pesos, unos 1,521.50 millones de dólares.
La Red Compartida, que utiliza el espectro de los 700 MHz para prestar sus servicios, cerró abril de este año con 6 millones de usuarios entre hogares, empresas y consumidores finales, pero esa cuota no le ha sido suficiente para generar rentabilidad y retorno de inversiones, y ello la llevó en julio del 2021 a acogerse al proceso del concurso mercantil.
Fue por ello que López Obrador decidió hacer a un lado la postura de que su gobierno no saldrá al rescate de ninguna empresa, por ejemplo de compañías como Interjet o incluso el Grupo Radio Centro que meses atrás solicitaron apoyo de la banca de desarrollo para sanear sus pasivos.
El presidente observó que con la ayuda de la Red Compartida de Altán Redes y combinando las infraestructuras de esas empresas con las de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, entre otras empresas estatales, puede generarse la posibilidad de acelerar la penetración de Internet en regiones apartadas de México, como Oaxaca.
El gobierno ya está inyectando 3,000 millones de pesos, unos 150.5 millones de dólares, a través de la banca de desarrollo para mantener la operación de Altán, dijo el presidente al asegurar además que la empresa no se convertirá en una empresa estatal sin inversiones y servicios deficientes como ha ocurrido en otros países. Aunque a algunos actores de la industria mexicana de telecomunicaciones no gustará que el Estado se convierta en operador de servicios, para los acreedores de Altán este ingreso pudiera significar certidumbre de que se les abonará su dinero.
“(Altán Redes) estaba en quiebra y les entregaron créditos de Nacional Financiera en el sexenio pasado, pero tomamos la decisión de aportar un recurso a esa empresa, que va a permitirnos que haya Internet en todos los pueblos. Ya es de la nación”, dijo AMLO en alusión a una posible estatización de la Red Compartida, aunque es posible todavía que la Secretaría de Hacienda destalle más tarde el ingreso del gobierno a Altán.
“El Estado mexicano ya es socio mayoritario y ya tiene la dirección y la administración de la empresa. Así como compramos una refinería en Texas, ahora con los ahorros se logró tener ya la mayoría de la empresa Altán, que va a significar tener Internet en todos los pueblos e Internet en plazas públicas, en escuelas, en hospitales, en todos los sitios de interés colectivo”, aseguró.
El anuncio del presidente ocurre en la misma semana en que se conoció que la Secretaría de Hacienda había nombrado a Carlos Lerma Cotera para dirigir la empresa privada Altán Redes y su Red Compartida. La designación obedeció a que el gobierno mexicano es el principal de la empresa, a través de Bancomext, Nacional Financiera y Banobras.
La semana anterior, un juzgado de la Ciudad de México dio luz verde para que Altán Redes avanzara en su proceso de concurso mercantil, al validar los montos y el número de acreedores formalmente reconocidos.
Según la sentencia de acreedores reconocidos, entre firmas de software, hardware, telefónicas, torreras, constructoras de fibra y otras, las empresas del sector privado con las que más adeudos tiene Altán Redes son Nokia, Huawei, ICA Flour, Axtel, ATC Holding Fibra México, Telmex, AT&T, Telcel, Televisa y Telesites, entre bastantes otras compañías de distintos sectores económicos y de toda la cadena de la industria de telecomunicaciones.
También aparecen entidades del sector público como el Promtel, acreedor común, Bancomext, Banobras y Nacional Financiera, y otras firmas relacionadas directamente con gobiernos extranjeros, como el China Development Bank.
Altán Redes obtuvo la concesión para operar la Red Compartida en el año 2016, con la meta de llevar conectividad al 92.2% de la población en mexicana en 2024, plazo movido recientemente al año 2028.
Altán cubre hoy al 60% de la población mexicana, unos 72 millones de personas y muchos de ellos con líneas móviles, pero las ventajas de la banda 700 MHz pueden permitirle todavía ofrecer una mayor velocidad y capacidad que la competencia.
El 17 de noviembre del 2016, Altán Redes ganó el concurso público internacional identificado con el folio APP-009000896-E1-2016, porque a análisis de la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) dio cumplimiento a los parámetros técnicos de cobertura y económicos necesarios para desplegar esta red que usa el espectro de los 700 MHz, un par de hilos de fibra óptica de la CFE, más una inversión estimada en 7,500 millones de dólares para desplegar alrededor de 10,000 radiobases y otros elementos de infraestructura a lo largo del país.
Altán prometió una cobertura del 30% del territorio para el 31 de marzo del 2018 y 25% de los Pueblos Mágicos; cobertura del 50% del territorio para el tercer aniversario de la firma del contrato y el 50% de esos destinos cubiertos para la misma fecha. Una cobertura del 70% de la población al cuarto aniversario del contrato; del 85% de la población al quinto aniversario y todos los Pueblos Mágicos cubiertos, y el 92.2% del territorio habitado al séptimo aniversario de la firma del contrato de asociación público-privado. El plazo definitivo ahora es el año 2028.
(El Economista)