Plural en linea
El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que si los ministros de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) invalidaron la primera parte del “Plan B” para defender sus intereses.
“Si los ministros no cancelaban el “Plan B”, pues cómo quedaban ellos, que también ganan más que el presidente”, declaró este jueves durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional. “Era para defender sus intereses”, añadió.
El mandatario proyectó durante la mañanera los sueldos de los ministros, aguinaldos, seguros y apoyos que reciben. Para ello presentó los 40 “privilegios” que observó el senador Ricardo Monreal.
Esta semana, el coordinador de los senadores de Morena acusó a la SCJN de tener “beneficios” lo que afirmó ha significado “un excesivo presupuesto” de casi 80 mil millones de pesos. Asimismo, dijo que estos tienen que ver con el sentido de las sentencias que emiten.
Según sus datos, perciben salarios de $297,403.77 mensuales, aguinaldos de $586,092.53 (40 días de sueldo), primas vacacionales de $95,474.68 (10 días de sueldo), fondo para comer en restaurantes por $723,690.24 anuales, un comedor especial en la SCJN, presupuesto de $5’540,930 mensuales para contratar personal.
Estos también muestran que reciben dos vehículos blindados tipo suburban, con valor acumulado de $6’000,000, que se renuevan cada dos años, un pago por riesgo de $640,372 al año, apoyos para gasolina por $22,000 mensuales.
A esto se suma atención personalizada en el aeropuerto para que “no hagan filas ni sean revisados”; viáticos para vuelos, hospedaje y comidas en viajes oficiales tanto en México como en el extranjero, con pasaportes diplomáticos a los funcionarios y su familia nuclear; y salones especiales en el aeropuerto.
Igualmente, tiene dos periodos vacacionales al año de 15 días cada uno; tres equipos de cómputo e impresión; seis teléfonos celulares “de gama alta” para ellos y sus familiares “con plan ilimitado de datos”; tres iPads con servicio de Internet ilimitado; papelería personalizada; computadoras, impresoras e Internet en su domicilio; apoyo de soporte técnico.
“Si así lo solicitan, también pueden instalar video vigilancia en sus casas con cargo al erario público”, agrega la lista del presidente.
Asimismo, afirma que los ministros y sus familias reciben seguro de gastos médicos por $30’000,000 en adelante y disponen de $188,099 al año para compra de medicamentos. A esto se suma seguro de vida institucional por $12’000,000, pago por defunción de $1’189,615 y atención especial para trámites de seguros.
También cuentan con ayuda para gastos funerales de $30,000, apoyos económicos para lentes por $3,100 para ministros, cónyuge e hijos, y una pensión vitalicia al retirarse “con casi la totalidad de su sueldo”, mientras que en la jubilación se les permite quedarse con los vehículos que tuvieron asignados y la SCJN le paga a dos “personas de apoyo” para estar a su servicio.
El Máximo Tribunal también les otorga seguro de separación individualizado de aproximadamente $20’000,000 al final de sus 15 años de servicio, acceso a un área de atención especial para jubilados y un estímulo por antigüedad de $1,000 anuales.
Además, el Poder Judicial suma en 14 fideicomisos recursos por $20’149,765,377, que se utilizan, principalmente, para mantener estas prestaciones de por vida. Todo lo anterior dio como resultado un presupuesto de $73,723,020,424 para el año 2022, señala el texto.
“Todo esto es contrario a lo que establece la Constitución”, dijo AMLO haciendo referencia a que ningún funcionario puede ganar más que el presidente. Con esto afirmó que “no hay Estado de derecho”. “No, es Estado chueco”, expresó.
“El Plan B era impedir estos excesos en el INE [Instituto Nacional Electoral] y en el Tribunal Electoral, pero si se aprobaba la ley, pues entonces tenía que aplicarse a ellos”, agregó al tiempo que dijo que por eso lo invalidaron. Ante esto, propuso nuevamente una reforma al Poder Judicial para que jueces, magistrados y ministros sean electos por los ciudadanos.
Por último, AMLO retó a Santiago Creel a presentar una iniciativa para que desaparezcan los fideicomisos del Poder Judicial, cuyo monto ronda los 20 mil millones de pesos, con el objetivo de destinar ese dinero a estudiantes de familias pobres.
“A ver Santiago: vamos a hacer algo juntos. Vamos a presentar una iniciativa para que desaparezcan los fideicomisos del Poder Judicial y esos 20 mil millones de pesos se entreguen a estudiantes de familias pobres, que se les entreguen becas. A ver qué resuelve”, dijo.
(Aristegui Noticias)