El senado de la república aprobó anoche por 87 votos de Morena, PRI, PRD, PT, PVEM y PES, y 40 del PAN, MC y senadores sin partido en contra, el decreto que reforma la Constitución para que el presidente de la república pueda disponer de la fuerza armada permanente en tareas de seguridad pública hasta el 2028, en tanto la Guardia Nacional (GN) desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial.
La minuta, avalada por el equivalente a dos terceras partes de los votos de los senadores presentes, fue remitida a la cámara de diputados para su revisión y eventual ratificación.
De última hora y con afán de asegurar su aprobación, el dictamen a discusión, que reforma el artículo quinto transitorio del decreto que creó la GN y fue promulgado el 26 de marzo del 2019, se modificó mediante una adenda acordada por senadores de Morena, PRI y PRD.
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Entre otros puntos, la nueva redacción consensuada precisa que será a partir del ejercicio fiscal 2023, no del 2024 como preveía el decreto aprobado en comisiones, cuando el ejecutivo federal establecerá un fondo permanente de apoyo a las entidades federativas y municipios destinado al fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública, que no podrá ser inferior al incremento porcentual que reciba la fuerza armada permanente y la Guardia Nacional para tareas de seguridad pública cada año y cuyos recursos no podrán ser utilizados para otro fin.
El fondo se distribuirá en proporción directa al número de habitantes con que cuente cada entidad federativa y hasta un 25% se asignará a las entidades federativas con mejores resultados en materia de seguridad pública, conforme los indicadores que establezca el Consejo Nacional de Seguridad Pública.
Fondos estatales
Sumados a los recursos federales adicionales, los titulares de los poderes ejecutivos estatales establecerán anualmente un fondo de apoyo a las instituciones de seguridad pública de los municipios con menor población o mayor grado de marginación.
“Los recursos que se asignen por cada entidad federativa deberán ser al menos en una proporción uno a uno respecto de los recursos federales a que se refiere este mismo artículo transitorio”, cita el agregado y que las partidas presupuestales referidas no se exceptúan de la transparencia y fiscalización superior por razones de seguridad nacional y deberán ser utilizadas de conformidad con lo que ordena el artículo 134 de la Constitución.
Otro punto adicional, clave para propiciar el voto aprobatorio de legisladores de la oposición, precisa, mediante un artículo transitorio:
“Los procedimientos en trámite y pendientes de resolución en el Poder Judicial de la Federación a la entrada en vigor de este decreto, se continuarán sustanciando hasta su resolución de fondo sin sobreseer por cambio en la norma impugnada, y se resolverán conforme al régimen jurídico vigente al momento de su presentación”.
Discusión
Los priistas Manuel Añorve y Jorge Carlos Ramírez Marín argumentaron en tribuna a favor de la reforma constitucional.
Beatriz Paredes aclaró al fijar la posición del PRI: “Aquí no nos han subyugado, no nos han subordinado. Aquí ejercimos nuestra función como senadores de la república”.
Clemente Castañeda, coordinador de la bancada de MC, dijo que “nuestro voto es en contra de seguir prolongando una estrategia fallida de seguridad que nos va a condenar, a nosotros y a las próximas generaciones, a seguir en un clima de inseguridad, de violencia y de confrontación”.
El coordinador de los senadores el PAN, Julen Rementería, lamentó que algunos legisladores de oposición hayan “sucumbido a las presiones” y votado a favor de la reforma, y expresó su respeto para quienes aguantaron “las presiones valientemente”.
(El Economista)