Plural en linea
Se cumplieron 11 semanas desde que la organización Pueblos Unidos por la Vida cerró la planta embotelladora de agua de Bonafont ubicada en el municipio de Juan C. Bonilla en el estado de Puebla. Fue justo el 22 de marzo, Día Internacional del Agua.
En entrevista para Aristegui Noticias, miembros de la Comisión de Enlace y comunicación de Pueblos Unidos por la vida -uno de ellos identificado como “Búho”- afirmaron que la empresa tiene la capacidad de extraer hasta 1 millón 640 mil litros diariamente, además de la posibilidad de utilizar más de un pozo para extraer agua del subsuelo, lo que consideran un “saqueo”.
Identificados a sí mismos como pueblos nahuas de la región los volcanes, se organizaron bajo la Coalición de Pueblos Unidos por la Vida. Los manifestantes acusan a la empresa del grupo Danone de acaparar los recursos y limitar el acceso al agua en sus pozos artesanales.
El cierre originalmente fue organizado por pobladores de Juan C. Bonilla y localidades aledañas, pero poco a poco diferentes comunidades poblanas e incluso de otros estados se han sumado a la manifestación o han expresado su solidaridad, tal es el caso de la organización zapatista Vineketik en Resistencia de Chiapas, según se muestra en un comunicado difundido por el Congreso Nacional Indígena.
Fabrice Salamanca, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Bonafont, afirmó que las acusaciones son “exageradas” y “tendenciosas”, pues dijo que no existe tecnología que les permita extraer la cantidad de agua que sostienen los manifestantes.
La planta se instaló a finales del siglo pasado y es operada por Bonafont desde 2004, se alimenta de los veneros de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, utilizando un pozo para extraer el agua en profundidad.
Según el Registro Público de Derechos de Agua de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Bonafont tiene dos concesiones, solicitadas originalmente para ARCOIRIS: la 5PUE1000086/18HMGE94 que no especifica la cantidad que se puede explotar y la 04PUE100118/18FMDL08, que le permiten extraer hasta 105 millones 229 mil litros anualmente.
Pobladores afirman que durante los últimos años los ameyales, pequeños pozos artesanales, se han secado casi por completo. De ellos depende la siembra y la manutención de la vida en esta región del país.
En un comunicado fechado el 6 de abril, la embotelladora Bonafont calificó de “noticias falsas” estas acusaciones, ya que la concesión de Conagua representa menos del 0.09 por ciento de los derechos agua del acuífero en la localidad.
Fabrice Salamanca consideró “la interrupción en las actividades de la planta como arbitraria e ilegal”, enfatizando que arriesga el empleo y sustento de aproximadamente cientos de familias, al obstaculizar el acceso y distribución del agua potable en toda la entidad. Hizo hincapié en que es insostenible el actual “esfuerzo” de la empresa que les hace transportar el agua desde el Estado de México a Puebla con mucho riesgo.
Luego del cierre de la planta los pobladores han reportado una mejoría en el estado de sus pozos, ya que los niveles de agua empezaron a subir, incluso a pesar de la sequía que se presenta en diversas regiones del país.
La empresa reafirma en diversos medios, comunicados y en entrevista con Aristegui Noticias que se encuentra abierta al diálogo, pero reconoce que las demandas de las comunidades rebasan por mucho su capacidad.
Pueblos Unidos negó que Bonafont se haya acercado y declaró que solo hubo un intento de diálogo de parte del gobierno federal, el 31 de marzo con Carlos Armando Popoca, representante de la Segob en Puebla, pero ante la falta de voluntad de dejar constancia por escrito se acabaron las negociaciones. No conforme con haber una falta de dialogo Pueblos Unidos denunció el acoso de sus miembros por parte de la fiscalía del estado.
En cambio, han logrado mantener contacto con representantes del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Agua, Gaseosas, Conexos y Similares del estado de Puebla, con quienes pudieron pactar la devolución de los vehículos de los trabajadores atrapados dentro de las instalaciones el 28 de abril.
Ante las posturas irreconciliables, Bonafont advirtió sobre un posible cierre definitivo de la planta que sentaría un precedente terrible para la inversión privada y la solución del problema del agua en la región.
Este conflicto forma parte del contexto de escasez de agua que viven diversas regiones del país, agravado por la sequía diagnosticada por el Servicio Meteorológico del país y que fomenta el debate público sobre quiénes deben tener prioridad en el acceso al agua y la regulación de las empresas especializadas en este sector.
(Aristegui Noticias)