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El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández fue detenido este martes en su residencia por miembros de la Policía Nacional de ese país tras un amplio despliegue de efectivos desde horas de la madrugada.
La medida responde a una orden de “arresto provisional” emitida por el juez Edwin Ortez Cruz, designado por la corte suprema para evaluar la solicitud de extradición presentada la víspera por gobierno de Estados Unidos contra el exmandatario, señalado por la justicia de ese país por narcotráfico.
Hernández fue sacado de su vivienda en la capital, Tegucigalpa, por los agentes, quienes lo esposaron de pies y manos, y le colocaron un chaleco antibalas.
Desde allí fue trasladado hasta la sede de las fuerzas especiales, conocidas como Cobras, para ser sometido a una evaluación médica antes de ser presentado ante el juez.
En un comunicado, la Policía Nacional informó que la captura del expresidente fue el resultado de un trabajo en conjunto con la Administración de Control de Drogas (DEA) y otras agencias de EE.UU.
“En coordinación con agencias estadounidenses, en especial la Administración de Control de Drogas (DEA), en las últimas horas se ha realizado una operación policial, que conlleva la captura del expresidente de la República, abogado Juan Orlando Hernández Alvarado”, indica el texto.
Según informó el vocero del Poder Judicial, Melvin Duarte, el miércoles en la mañana el exmandatario será llevado ante la Corte Suprema de Justicia, que debe valorar su extradición.
Aunque el tribunal apruebe el pedido, Duarte explicó que el proceso podría demorarse si la defensa presenta un recurso de amparo.
“Una de las variables es que si la defensa presenta o no recursos, normalmente recursos de amparo ante la Sala Constitucional y si lo hacen habrá que esperar la resolución de esos recursos”, dijo.
La solicitud
Tras conocerse la petición de las autoridades estadounidenses este lunes, la Corte Suprema convocó a una sesión de emergencia para nombrar un juez para analizarla.
En la mañana de este martes, el expresidente hondureño, quien gobernó el país entre 2014 y 2022, publicó en sus redes sociales un audio en el que aseguraba que estaba “presto y listo para colaborar” y entregarse voluntariamente cuando la Corte Suprema de Justicia designara a un juez natural.
“No es un momento fácil, a nadie se lo deseo”, aseguró Hernández en un mensaje grabado.
Imágenes de medios locales mostraron el momento en el que Hernández abandonó su residencia en Tegucigalpa para entregarse a los agentes policiales que desde el lunes por la noche habían montado un riguroso dispositivo de seguridad en ese lugar.
Decenas de personas se reunieron también en las inmediaciones con banderas y pancartas en festejo ante el anuncio de la solicitud de extradición.
“(Quiero) dejar en claro el atropello que está enfrentando mi representado Juan Orlando Hernández”, le dijo a una televisora local el abogado Hermes Ramírez, en relación a la presencia de uniformados cerca de residencia.
Hernández ha negado previamente los señalamientos en su contra y asegura que durante su gobierno combatió el narcotráfico.
La pasada semana, Estados Unidos anunció que había sancionado al expresidente al vetarle la entrada al país.
Juan Orlando Hernández se unió al Parlamento Centroamericano (Parlacen) tras dejar la presidencia, lo que según su abogado, le garantiza inmunidad.
El Parlacen otorga a sus miembros inmunidad procesal en América Central, aunque esa protección puede ser eliminada o suspendida si así lo solicita el país de origen de un miembro.
Una figura polémica
Hernández gobernó Honduras durante ocho años, aunque la Constitución del país no permite la reelección presidencial.
Sin embargo, un fallo del tribunal supremo, de mayoría oficialista, lo autorizó a presentarse para un segundo mandato en 2017.
Aquella elección no estuvo exenta de polémica. Luego de que el sistema de recuento de votos dejara de funcionar, Hernández comenzó a ganar ventaja en las votaciones y fue declarado ganador, lo que provocó masivas protestas que dejaron varios muertos.
Aunque el gobierno de EE.UU. reconoció su victoria, fiscales estadounidenses revelaron después que abrieron una investigación sobre el presidente Hernández, a quien señalaron como coconspirador en en el juicio a su hermano, quien fue condenado a cadena perpetua en 2021.
Uno de los testigos en el caso fue un excontador de una arrocera hondureña que dijo haber visto cómo el actual presidente recibió maletines con dinero del narco, con el que buscó asociarse con un laboratorio de cocaína y habló reservadamente sobre “la protección y el trasiego de drogas”.
Cuando en el juicio a su hermano y en el del hondureño Geovanny Fuentes surgieron testimonios que lo comprometían, el entonces mandatario los rechazó como provenientes de criminales que querían vengarse de sus acciones contra el narcotráfico y reducir sus propias condenas en EE.UU.
“Cualquier narrativa sobre la batalla contra el narcotráfico en Honduras que omita la reducción sin precedentes del 95% (datos oficiales de USA) que logramos, generalmente es solo un vehículo para titulares dramáticos para promover el falso testimonio de los narcos que derrotamos”, tuiteó Hernández en ese entonces.
Relaciones complejas
Desde que asumió el cargo en 2014, el expresidente hondureño, conocido por sus iniciales, JOH, buscó mostrarse como un aliado de Washington en temas de seguridad y migración.
Durante años EE.UU. respaldó al presidente de Honduras pese a las acusaciones de corrupción gubernamental y abusos de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad.
Durante el gobierno de Trump, Washington envió millones de dólares en ayuda a Honduras.
Tras su polémica reelección, Hernández decidió no renovar en 2020 el mandato de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, una organización creada con el respaldo de EE.UU. y la Organización de Estados Americanos (OEA) que investigó a decenas de funcionarios del gobierno hondureño.
Sin embargo, las relaciones de Hernández con Washington comenzaron a enfriarse con la llegada a la Casa Blanca del demócrata Joe Biden, quien ha promovido una agenda de combate contra la corrupción en Centroamérica.
(BBC)