Plural en linea
El asesinato de Lourdes Maldonado en Tijuana es el vigésimo octavo homicidio de una o un informador presuntamente por su labor periodística en lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el tercero en el año, de acuerdo con el conteo de la organización Artículo 19.
El caso, que activó llamados a protestas este en varios estados este 25 de enero, tiene como antecedente un predominio de la impunidad en el país, que abre paso a más violencia contra comunicadores. Desde 2010, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) en México inició 3 mil 419 investigaciones por agresiones a periodistas y comunicadores, y de ellas, en solo 28 se habían logrado sentencias contra los responsables. Menos del 1% respecto al total de casos.
En 11 años, la FEADLE registró 94 asesinatos de periodistas, y hasta diciembre de 2021 solo tenía el registro de 6 sentencias por el delito de homicidio en contra de informadores, descartando en el 70% de los casos investigados que existiera vínculo con el trabajo periodístico.
A finales de 2020, el propio Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, reconoció que “hay un porcentaje muy alto de impunidad”. En noviembre de ese año dijo que en los casos de 38 periodistas asesinados en lo que iba del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador -el gobierno y organizaciones tienen distintos métodos de conteo- sólo se habían obtenido, hasta ese momento, 2 sentencias condenatorias. Lo que arroja, de nuevo, más de 90% de impunidad.
“Yo creo que estamos en un momento muy complicado, muy difícil para el gremio periodístico y para el país en general, que hemos visto el incremento de atentados contra periodistas y asesinatos”, comenta respecto a la crisis de violencia contra periodistas Lucía Lagunes, directora de la organización CIMAC.
“En la medida en la que la violencia contra la prensa va imponiendo el silencio en vastas regiones de nuestro país se está violentando nuestro derecho a la información. Cuando se pierden esas voces, esos ojos, esos oídos que nos están informando la sociedad pierde mucho y perdemos también la posibilidad de construir una verdadera sociedad democrática”, destaca Polo Maldonado, director de Artículo 19 en México.
Otra organización, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), ubicó en 2021 a México en el sexto puesto de su índice de Impunidad Global de asesinatos contra informadores, solo por debajo de Somalia, Siria, Irak, Sudán del Sur y Afganistán.
“A pesar de que las autoridades han obtenido condenas clave en los casos de los periodistas asesinados Javier Valdez Cárdenas y Miroslava Breach Velducea en 2020 y 2021, los medios continúan siendo atacados con frecuencia alarmante.
Al 31 de agosto, el CPJ había documentado como mínimo tres casos de asesinato de periodistas en México con absoluta impunidad en 2021; cuatro periodistas sufrieron la misma suerte en 2020, cifra solamente superada por los casos de periodistas asesinados en Afganistán”, refirió el CPJ.
Una Fiscalía insuficiente
En México, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) es la autoridad que se encarga a nivel federal de “dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones y, en su caso perseguir los delitos cometidos en contra de quienes ejercen la actividad periodística o se cometan en razón del ejercicio de derecho a la información o de libertad de prensa y expresión”, según como se lee su página institucional.
El director de Artículo 19 relata que esta fiscalía se creó hace más 10 años, gracias a las exigencias de diferentes organizaciones, periodistas y activistas, precisamente porque las investigaciones en materia de delitos contra la prensa requieren de un enfoque que pueda construir investigaciones a partir del contexto de la víctima periodista, de sus publicaciones y de quienes pudieron haberse sentido exhibidos por sus investigaciones.
Sin embargo, Lucía Lagunes señala que dicha fiscalía tendría que haber empezado a dar resultados desde que se creó, lo cual no ha sucedido. Tampoco con el gobierno de López Obrador:
“Un cambio de gobierno en el cual se nos ha machacado de que aquí no hay impunidad, pues nosotras las periodistas tenemos otros datos, y los datos están siendo contrastados con la vida, la vida de periodistas que estaban siendo asesinados y que no hay investigación.
De periodistas que han tenido que dejar las entidades federativas, porque de quedarse en ellas es probable que los asesinen, y son desterrados del lugar donde hacen su labor periodística y son echados a exiliarse dentro de su propio país, a otras ciudades donde muchas veces pierden la oportunidad de seguir haciendo periodismo”.
Así le ocurrió a la periodista Laura Sánchez Ley, originaria de Tijuana, quien hace 6 años tuvo que abandonar su estado tras ser agredida, acosada y amenazada por su trabajo de investigación periodística en aquella entidad.
“Consideré que ya era momento de partir porque estaba de por medio también mi familia”, dijo Sánchez Ley a Animal Político, quien continúa como periodista independiente pero desde otra ciudad.
“La verdad es una situación muy compleja porque te pasan por la cabeza muchas cosas, piensas que te ven, piensas que te están vigilando, estás en constante comunicación con tu familia porque la familia es lo que más preocupa en esos lugares como Tijuana”, describe Sánchez Ley.
Ante la necesidad de homologar los procesos en todas las fiscalías del país, en 2018 se creó el “Protocolo Homologado de Investigación de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión”, como una herramienta para que las y los agentes del Ministerio Público, policías, peritos y analistas de información de toda la República pudieran resolver con mayor eficacia este tipo de delitos.
Pero a decir de Maldonado, “este protocolo, lamentablemente, en muchas de las entidades es letra muerta, y no se aborda la violencia contra la prensa con un lenguaje especializado”.
En parte, dice, esto se debe a que tampoco existe el interés por parte de la autoridad de hacerlo, puesto que “la violencia contra la prensa tiene una motivación política y precisamente al trastocar sus intereses políticos es que las investigaciones no avanzan en el fuero común”.
Lagunes coincide y señala que quienes son agredidos “son estos periodistas que investigan las corrupciones de las entidades federativas en los gobiernos estatales, pero también en el gobierno federal”.
Por ejemplo, Artículo 19 registró 362 agresiones contra la prensa cometidas en el primer semestre del 2021, de las cuales 193 fueron por coberturas de política y corrupción.
Para Lagunes, el nivel de impunidad que se alcanza en nuestro país es muy insultante, que tendría que llevar al Fiscal General de la República a replantearse el lugar que se ocupa. Pues estamos hablando de una impunidad de entre el 90, 98%, digamos, dependiendo de las estadísticas”.
Además, Maldonado destaca que hay que ver las cifras con cuidado porque cuando se logra sentencia pues “no necesariamente se logra en contra de todos los implicados”.
Rara vez, continuó, se logra concretar una sentencia en contra de los autores intelectuales de las agresiones, y ese debería ser parte del objetivo.
Y la situación se complica más a nivel local, pues Maldonado recuerda que el 50% de las agresiones contra la prensa las cometen funcionarios públicos a nivel estatal y municipal, quienes suelen tener complicidad con los agentes del ministerio público locales.
Otro punto que destaca Lagunes es que se debería considerar la vulnerabilidad que enfrentamos las mujeres periodistas en un país en donde la violencia contra las mujeres está normalizada socialmente.
Mecanismos de protección que también se quedan cortos
Por otro lado, en México también existe a nivel federal, y en algunas regiones a nivel local un Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
La FEADLE, en su reporte de diciembre de 2021, dio la cifra de 510 periodistas que habían solicitado medidas de protección entre julio de 2010 y diciembre de 2021, medidas entre las que se encuentran rondines domiciliarios, botón de pánico, y chalecos antibalas.
Al respecto, Lagunes señala que en su momento el mecanismo también fue un recurso impulsado desde la sociedad civil y el gremio periodístico, pues “las organizaciones veíamos en su momento que era fundamental hacer evidente la responsabilidad del Estado mexicano ante la violencia que estaban viviendo personas defensoras y periodistas, los eslabones fundamentales para la democracia en México y en cualquier país”.
Lagunes destaca que “el mecanismo ha hecho de lo que ha podido y hasta hace muy poco tiempo decíamos, había salvado vidas. Creo que en muchos casos sigue salvando vidas, pero hoy tenemos periodistas asesinados, defensores defensoras asesinadas que estaban bajo el mecanismo de protección y debería haber una revisión interna de cuáles fueron las falencias que no advirtieron el riesgo para prevenir el homicidio”.
Leopoldo Maldonado señala que el problema es que “estos mecanismos son reactivos, no preventivos, y es algo que se tiene que cambiar, pero además no siempre cuentan con los recursos humanos, financieros y logísticos para poder avanzar en fortalecer las medidas de protección, ser más eficaces”.
Sánchez Ley lo sabe de primera mano, pues relata que cuando sufrió la agresión la medida precautoria que le dieron con base en los mecanismos de defensa de periodistas fue algo llamado botón de pánico.
“Era el número directo del supervisor del C4 en Baja California, en ese momento hice la prueba, hice la llamada y nunca me contestaron ¿Qué hubiera pasado si hubiera estado en una situación de riesgo? No me hubieran contestado, esa es la verdad que los mecanismos son un verdadero fracaso que de ninguna manera ha logrado ofrecer certezas a los periodistas y a las familias de quienes estamos en riesgo”, señala.
“Si la protección no va acompañada del abatimiento de la impunidad, no va a haber mecanismo, no va a haber programa de protección que pueda garantizar la seguridad de la prensa. Es una mirada integral, es una mirada sistémica que hoy por hoy no existe en México”, señala Maldonado.
Lo que se necesita, insiste, “es ir más allá de las medidas reactivas y de protección que va a recibir un periodista sino avanzar en que las instituciones cumplan con sus funciones y sus responsabilidad”.
Lagunes coincide, pues señala que “los atentados a la libertad de prensa son el reflejo de la debilidad de una democracia”.
Además, opina, el mecanismo “no ha logrado revertir las condiciones estructurales que permiten que los crímenes contra periodistas se puedan ejecutar. Y no lo ha logrado revertir, especialmente en estos tres años porque para el nuevo gobierno no es prioridad”.
“Entonces no se trata de que las y los periodistas son sujetos de derechos especiales, tiene una importancia y una preponderancia su labor en cualquier sociedad democrática porque precisamente nos informan, y a partir de la información es que podemos ejercer nuestros derechos y eso en México está en un grave riesgo”, señala Maldonado.
El subsecretario Encinas, en la conferencia de 2020, indicó que desde 2017 hasta agosto de ese año habían sido asesinados 6 periodistas incorporados al Mecanismo de Protección, 4 de ellos entre 2019 y 2020, Rafael Murúa, Francisco Romero, Jorge Armenta y Pablo Morrugares.
En el caso de Lourdes Maldonado, según refieren medios locales, estaba inscrita a un mecanismo de protección estatal, sin que eso impidiera su asesinato.
(Animal Político)