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Desde 2011, más de 70 mil migrantes fueron traficados o secuestrados en México, informó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
En su primer informe enfocado al estudio de estos delitos, el organismo recabó información de 2011 a 2020, periodo en el que realizó consultas a instituciones de seguridad y migración, así como a organismos de derechos humanos. También aplicó encuestas con la misma temática en 48 estaciones migratorias.
Del informe se desprende que de las 164 quejas analizadas donde aparecen temas de secuestro, desaparición y tráfico ilícito de migrantes, las principales entidades mencionadas donde presuntamente ocurrieron los delitos fueron: Tamaulipas 37 veces (22%); Chiapas 22 veces (13%); Veracruz 22 veces (13%); Tabasco 20 veces (12%) y Oaxaca 12 veces (7%).
La CNDH indicó que la ruta del Golfo de México sigue siendo la más mencionada por las personas migrantes víctimas o traficadas, esta ruta comprende las entidades de Chiapas (13%), Tabasco (12%), Oaxaca (7%), Veracruz (13%) y Tamaulipas (22%), estos cinco estados representan el 67% de las menciones de los delitos de secuestro, desaparición y tráfico ilícito de personas migrantes.
“Las entidades con más casos de secuestro (…) son Chiapas, Nuevo León, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas. Las personas más afectadas son nacionales de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Cuba”, señaló.
Las cinco autoridades más señaladas en las quejas como presuntas responsables de violaciones a derechos humanos fueron:
1. El INM, mencionado en 90 ocasiones, lo que representa un 62 por ciento.
2. La Fiscalía General de la República (FGR o antiguamente PGR), con 42 menciones, lo que representa el 31 por ciento de citas en las quejas.
3. La Policía Federal (hoy Guardia Nacional) fue mencionada en 19 ocasiones, lo que representa un 12 por ciento.
4. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en 16 ocasiones, lo que representa el 9.7 por ciento.
5. La Secretaría de Marina (Semar) en 11 ocasiones lo que representa un 7 por ciento.
La Comisión consideró que, a pesar de que se han incrementado los operativos en contra el tráfico de personas en un 600 por ciento, en el periodo que abarca el informe, no existe un protocolo para otorgar medidas de asistencia, protección y seguridad a las víctimas de este delito.
Otro de los de los hallazgos encontrados, apuntó la CNDH, fue que México tampoco cuenta con un protocolo homologado de actuación en el tema que garantice la coordinación entre autoridades para prevenir, investigar, buscar y sancionar los delitos de tráfico y secuestro de migrantes.
De acuerdo a un informe publicado en 2019 por la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación de México, el pago promedio para traficar a una persona desde El Salvador, Honduras o Guatemala, a través de México y con destino a Estados Unidos, rondó en los 5 mil 862 dólares, mientras que los mexicanos pagaron unos 4 mil 559 para ingresar de forma indocumentada a su vecino del norte.
En muchos de los casos, precisó la CNDH, los migrantes fueron transportados en “yates de pesca deportiva y jet-skis” para cruzar de forma irregular la frontera entre México y Estados Unidos, aunque parte del recorrido incluía completar su viaje nadando por su cuenta en la zona de San Diego, California.
“Con base en testimonios de migrantes y de coordinadores de albergues, se sabe que el secuestro, extorsión e incluso desaparición de migrantes ha incrementado”, expresó Misael Hernández, investigador del Colegio de la Frontera Norte en Tamaulipas, uno de los estados con más secuestros de extranjeros, tras admitir que la cifra dada por la CNDH podría ser mayor.
(Reuters)