Plural en linea
La llegada de una mujer a la presidencia de México está lejos de reflejar la realidad que vivieron cientos de mujeres obligadas a renunciar a sus candidaturas debido a presiones de hombres reticentes a que ellas asuman cargos de decisión importantes.
En el reciente proceso electoral la alerta la dio Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), cuando reveló que 217 mujeres renunciaron a sus candidaturas en Zacatecas. La mayoría de ellas argumentó que se hicieron a un lado por “cuestiones personales”, salud o desarrollo profesional. Muy pocas reconocieron públicamente que fueron presionadas o las utilizaron para “apartar” los lugares que después podrían darles a otras personas.
“Fue una nota que no cayó nada bien por allá. Nos criticaron a mí y a una colega el secretario de Gobierno (de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza) e incluso nuestro propio vocal ejecutivo. Su argumento es que fue dentro del plazo de renuncias. Pero llamó la atención el número”.
Las renuncias debían ser ratificadas por las afectadas para informarlas de sus derechos. Entre las causas que argumentaron están que fueron registradas sin su consentimiento, por cuestiones personales, para cambiarse de un partido político, por cuestiones de inseguridad, de salud, de estudios, no tener tiempo, cuestiones laborales, no ser de su interés participar porque se habían registrado sólo para que el partido pudiera apartar el lugar mientras decidía quién sería la candidata, o porque al final el partido no respetó los acuerdos.
La prueba piloto de defensoría en el INE detectó tres casos que pudieron constituir violencia política en razón de género porque las obligaron a renunciar. Se acercaron dos de ellas y el instituto les ofreció asesoría, pero no quisieron presentar la queja. Los casos no se pueden seguir de oficio.
Detrás de la negativa para formalizar la denuncia puede estar el mismo sistema de violencia política en razón de género. Dice la consejera: “Puede ser que haya afectaciones que no conozcamos; por ejemplo, que estén amenazando a la familia, a su entorno laboral, o puede haber alguna otra consecuencia que no estemos viendo”.
Chiapas es otro estado que se suma a la alerta nacional por las 515 renuncias en este proceso electoral, de las cuales 280 fueron de mujeres, por causas similares a las de Zacatecas. La consejera Humphrey explica que investigan si hubo presiones o causas de violencia política en razón de género.
Por motivos de inseguridad también hubo renuncias. Fueron 29; 12 de hombres y 17 de mujeres. Los partidos en los que hubo más deserciones fueron el Verde Ecologista, con 85; Morena, 80, y como coalición, dos; del Trabajo, 58; Chiapas Unido, 55; Redes Sociales Progresistas Chiapas, 42; Encuentro Solidario Chiapas, 41; coalición Fuerza y Corazón por Chiapas, 41; el PRI, 32; Podemos Mover Chiapas, 20.
La mayor parte de las renuncias fueron en las candidaturas a ayuntamientos y en algunos casos hubo desplazamientos forzados. Incluso, se aprobó una solicitud de 100 casos para instalar una casilla extraordinaria, dado que muchas personas no pudieron regresar a sus domicilios a votar. Humphrey expone:
“Hemos visto que en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia de Género, las mujeres más violentadas siempre están a nivel municipal, es en 70, 73% de los casos”.
La mayor preocupación está en los estados donde no se registran casos, “porque quiere decir que ahí pueden estar amenazadas para no denunciar o pueden no estar claramente difundidos cuáles son los medios para denunciar”, explica.
“Es que no nos dejan…”
Oaxaca, Veracruz y Tabasco es donde hay más registros de más personas que han cometido violencia política en razón de género.
Las denuncias y ratificaciones son un obstáculo para que las autoridades electorales den seguimiento, y quienes lo hacen también enfrentan que las hagan a un lado. “Las que ya renunciaron pues ya no tienen esos derechos políticos y electorales: firmaron un documento”, dice.
En el Estado de México también hay casos similares, asegura Josefina Meza. “Cuando se trata de los derechos de las mujeres y de la participación política de nosotras ahí sí se ponen de acuerdo los de todos los partidos, ahí sí sus diferencias ideológicas desaparecen”, denuncia.
La violencia no deja de ser otro aspecto que les preocupa. “En el fondo es un sistema patriarcal; incluso, el tema de inseguridad es el producto de relaciones sociales instaladas por hombres que por poder son capaces de matarse entre sí. Todo el origen es el sistema patriarcal de partidos políticos que está a punto de colapsar, pero que se detiene como por alfileres, se reinventan, se reacomodan. Han construido casi todas las leyes, reglas que ellos se autoimpusieron”.
Quienes se han resistido a este sistema son las mujeres, sobre todo las legisladoras que han impulsado medidas en favor de su género, pero que han sido relegadas y “castigadas”.
La consejera Humphrey recuerda una anécdota en la que notó que estas imposiciones las alcanza a casi todas.
“Cuando planteamos y aprobamos el primer acuerdo de paridad en gubernaturas, recuerdo que el consejero presidente –dice en alusión a Lorenzo Córdova– en ese momento me decía ‘Carla, es que los senadores –los hombres– están infartados con tu acuerdo, quieren hablar con nosotros’. Y yo, perfecto, pues qué nos van a atropellar, linchar, colgar o qué.
“Empecé a buscar senadoras que quisieran estar en la reunión –a distancia, porque estábamos en pandemia–. Me respondieron que no podían, que ya tenían otro compromiso, lo que sea. La quinta me dijo: ‘Carla, es que no nos dejan meternos en ese tema’. Estoy hablando de Senado.
“Evidentemente eso es violencia política en razón de género: ‘No nos dejan, nos bajan de la comisión que presidimos, no nos van dar el presupuesto para lo que estamos nosotras queriendo promover, no vamos a poder presentar la iniciativa, no nos van a apoyar para tal cosa’”.
La mayor preocupación está en los estados donde no se registran casos, “porque quiere decir que ahí pueden estar amenazadas para no denunciar o pueden no estar claramente difundidos cuáles son los medios para denunciar”, explica.
(Fragmento/Reportaje publicado en la edición 0012 de la revista Proceso)