Plural en linea
Una orden de aprehensión fue girada por un juez de Puebla contra el exrector de la Universidad de la Américas Puebla (UDLAP), Luis Ernesto Derbez, por el delito de fraude específico.
También se giraron órdenes de aprehensión contra el cuerpo directivo de la UDLAP: Mónica Ruíz Huerta Puebla, exvicerrectora Administrativa; Mario Vallejo Pérez, exvicerrector de Finanzas y Desarrollo Institucional; Jesús Salvador Mijangos Patiño, ex director General de Asuntos Jurídicos, reportó el diario Reforma.
A Derbez y a los exdirectivos de la Universidad se les acusa de crear una serie de empresas con el objetivo de desviar alrededor de 100 millones de pesos propiedad de la Fundación Mary Street Jenkins.
La sociedad denominada ULAP Jenkins Graduate School es una de las empresas que han sido señaladas por supuestamente ser utilizadas para desviar fondos. Los hechos delictivos presuntamente fueron cometidos en 2016
El juez también emitió órdenes para la captura de los abogados de la familia Jenkins Landa: Virgilio Rincón Salas y Alejandro González Muñoz, por los delitos de lavado de dinero, fraude específico y administración fraudulenta, por el presunto desfalco y desvío de más de 15 mil millones de pesos.
A los abogados se les acusa de diseñar una estructura para transferir los fondos a Panamá y robar de esta manera la totalidad de los activos de la fundación.
Se estima que por estas operaciones Rincón Salas y González Muñoz podrían haber recibido más de 100 millones de dólares, por parte de la familia Jenkins Landa con recursos de la propia fundación.
El pasado 29 de junio las instalaciones de la Universidad de las Américas Puebla fueron tomadas por fuerzas de seguridad armadas, en un intento de imponer a un nuevo patronato en la institución nombrado por la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla.
De acuerdo con un comunicado de la UDLAP, la toma de las instalaciones “representa un acto de arbitrariedad absoluto indebido en un país democrático y respetuoso del Estado de derecho, que se desprende de un proceso legal que se sigue en contra de la Fundación Mary Street Jenkins, mas no así en contra de la Fundación Universidad de las Américas Puebla”.
La Universidad informó que, con fecha del 4 de mayo de 2021, en un ejercicio preventivo ante posibles actos de molestia o intento de privación de bienes y derechos, la UDLAP promovió ante el Juzgado Primero de Distrito en un juicio de amparo que fue concedido y otorga la suspensión provisional vigente hasta este martes 29 de junio, dando certeza a efecto que no sean removidos los patronos, asimismo para que esta no intervenga en su administración, en su contabilidad o en acto de molestia o de privación de bienes y derechos.
“Sin respetar la suspensión emitida por un juez federal contra este tipo de actos y haciendo evidente la absoluta ilegalidad de este acto y del despojo contra UDLAP, quienes se ostentan como un nuevo patronato de la Fundación Mary Street Jenkins y la policía estatal invadieron nuestras instalaciones” e impidieron el acceso de estudiantes y maestros.
El 7 de julio, Rodrigo Gurza, abogado del nuevo patronato de la UDLAP, informa que presentaron una denuncia ante SEIDO por delincuencia organizada y lavado de dinero contra la anterior administración de la Universidad, encabezada por Luis Ernesto Derbez.
Por su parte, Adalberto Ramos, secretario del patronato de la UDLAP, explicó que la formación de un nuevo patronato para hacerse cargo de la universidad es legal, y destacó el papel que ha tenido el órgano desconcentrado del gobierno poblano para intervenir ante la investigación judicial por el presunto desfalco millonario cometido por integrantes de la familia Jenkis.
Días después Guillermo Jenkins de Landa, primogénito de la familia Jenkins de Landa y nieto de William O. Jenkins, aseguró que en el patronato de la fundación quedaron hermanos con menos experiencia y los invitó a exponer cómo está la situación porque según él ya no vale nada.
El nuevo patronato de la UDLAP nombró el 12 de julio a Armando Ríos Piter como nuevo rector, afirmando que el político guerrerense, apodado “El Jaguar, cuenta con buenas credenciales como antecedente: abogado por la UNAM; licenciatura en Economía en el ITAM; maestría en seguridad nacional en la Universidad de Georgetown; y maestría en administración pública en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy.
En respuesta, Luis Ernesto Derbez indicó que en la caja de la Universidad de las Américas Puebla quedaron alrededor de 700 millones de pesos y rechazó el nombramiento de Armando Ríos Piter como rector pues aseguró que es ilegal y va contra los estatutos.
El 16 de julio el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajos y Juicios Federales, ordenó restituir al Patronato de la Universidad de las Américas Puebla, que encabeza Margarita Jenkins de Landa, además de regresar las instalaciones de la institución y reconoció a Luis Ernesto Derbez Bautista como rector. Con esto, se caería el reciente nombramiento que se hizo de Armando Ríos Piter como rector.
En videoconferencia, Derbez dijo que están listos para regresar al campus y sostuvo que el camino para la recuperación es sin violencia y de manera transparente.
Agregó que desde esa mañana el nuevo patronato avalado por la junta para el Cuidado de las Instituciones de Beneficencia Privada –organismo a cargo del gobierno de Puebla– tiene autorización para hacer uso de las cuentas bancarias de la universidad.
El 9 de agosto el Juzgado Tercero de Distrito en materia de Amparo Civil de Puebla ordenó a Roberto Yáñez, juez 24 Civil de la Ciudad de México, acatar de inmediato la resolución que favorece a la Fundación Mary Street Jenkins (FMSJ) y devolver el campus de la UDLAP.
Así lo informó la FMSJ a través de un comunicado, en el que señaló que el pasado jueves 5 de agosto se interpuso una denuncia contra Yáñez Quiroz por evadir el cumplimiento a la suspensión de amparo vigente, concedida desde el Poder Judicial de la Federación que ordena devolver el campus de la UDLAP a la Fundación de las Américas Puebla (FUDLAP) que preside Margarita Jenkins de Landa.
“La determinación tiene efectos restitutorios inmediatos que pretenden ser desconocidos por el juez capitalino, que se declaró incompetente para seguir conociendo del asunto y de forma irregular lo envió al Juez 60 Civil, con la finalidad de eludir el mandato del juzgado federal”, informó la FMSJ.
Ante esta situación, se requirió a ambos jueces de la Ciudad de México (al juzgado 60, sólo en el caso de haber aceptado el conocimiento del caso) para que de inmediato informen sobre el cumplimiento de la suspensión, “que obliga regresar las cosas al estado en que se encontraban, hasta antes de la incursión violenta con Policía Estatal armada en el campus de Cholula, el pasado 29 de junio”.
(Aristegui Noticias)