Plural en linea
Los partidos políticos decidieron frenar cambios a la Constitución que suponían retrocesos en materia de paridad de género, participación de grupos minoritarios en puestos públicos y limitaban la regulación del órgano judicial autónomo en temas electorales y partidistas.
Las reformas propuestas por la mayoría de los grupos parlamentarios, liderados por la mayoría oficialista del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) fueron presentadas el pasado 23 de marzo, con la única postura en contra del opositor Movimiento Ciudadano (MC).
Los cambios a los artículos 41, 73, 99 y 105 constitucionales causaron polémica entre diversos grupos de legisladores, incluso dentro de la fracción parlamentaria de Morena, al buscar acotar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que es el órgano judicial autónomo que falla en materia electoral.
Con ello, el Tribunal Electoral tendría limitaciones en sus facultades para hacer efectiva la paridad de género en el acceso a cargos públicos, así como para fijar acciones afirmativas en favor de grupos vulnerables e históricamente discriminados, delegando estas facultades exclusivamente al Congreso.
Además, suponía un candado para que dicho tribunal en materia electoral pudiera intervenir en procesos internos de los partidos políticos y facultaba al Supremo mexicano para atender controversias por determinaciones del Congreso en materia electoral.
En un principio, el opositor MC fue el único en criticar estas propuestas de cambios constitucionales, pues sentenció que las modificaciones debilitan “el avance democrático y da término a 26 años de trabajo y consolidación de este órgano especializado para garantizar los derechos político-electorales”.
También existió presión por parte de la organización Sociedad Civil México, que en el pasado ha convocado a marchas para defender al Instituto Nacional Electoral (INE) de las reformas de López Obrador.
A estos se sumaron grupos que representan a poblaciones históricamente discriminadas, como LGBT+ Rights México, el Colectivo de Personas con Discapacidad, YAAJ México y el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, los cuales advirtieron de retrocesos en su representatividad.
También consideraron que se podrían perder avances, como los escaños y candidaturas que el TEPJF ha ordenado respetar para estas poblaciones.
Luego de estos posicionamientos y la conformación de un grupo de senadores en contra de estas reformas constitucionales, en las que se incluye un grupo de feministas del gobernante Morena, los coordinadores de las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso decidieron frenar este intento.
La determinación se tomó en conjunto entre los partidos de oposición, de centro-izquierda, Revolucionario Institucional (PRI); de izquierda, de la Revolución Democrática (PRD); del conservador, Acción Nacional (PAN), este último siendo el primero en recular.
La propuesta de posponer su discusión también fue respaldada por el gobernante Morena y sus aliados, los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT), que también firmaron acuerdos de perfeccionar esta propuesta.
“Frente a la opinión pública manifestamos que hasta ahora no se han logrado los consensos para aprobar esta reforma y frente a los cuestionamientos de la opinión pública respecto de la misma queremos informar que seguiremos trabajando para legislar como es nuestra obligación en favor de las y los mexicanos”, se lee en acuerdos celebrados por los coordinadores de todos los partidos representados en el Congreso.
Recientemente, el Tribunal Electoral ordenó al Poder Legislativo garantizar que la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), que organiza las elecciones en México, recayera en una mujer, logrando con ello la llegada de la primera presidenta de este órgano autónomo electoral.
(EFE)