Plural en linea
El Instituto Nacional Electoral (INE) determinó no sancionar al Partido Revolucionario Institucional por la llamada Operación Zafiro.
Por siete votos contra cuatro, se determinó que hay evidencia del desvío de fondos, pero no que ese dinero entró al PRI. Durante el proceso se consideró una sanción de 500 millones de pesos, pero ahora el partido quedará libre de sanción.
La investigación documentó que el gobierno federal destinó 250 millones de pesos para diversos servicios educativos en el estado de Chihuahua.
Sin embargo, el dinero se dispersó mediante empresas fantasma, hasta sacar el dinero en efectivo y entregarlo a militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Pese a esta evidencia, el INE decidió que no hay evidencia suficiente para comprobar que el dinero entró al presupuesto del partido tricolor y que se usó para actividades partidistas o campañas.
El consejero Jaime Rivera dijo que el eslabón más débil de la investigación es que no hay una prueba directa de que el efectivo llegó al partido.
La consejera Carla Humphrey dijo que el caso es delicado porque se diseñó una maquinaria para ocultar el dinero; sin embargo, consideró que el hecho que algún militante priista esté involucrado no significa que todo el partido tenga responsabilidad.
“No se acredita que estos recursos fueran a dar a las arcas del partido”.
Argumento a favor de la sanción
El consejero Martín Faz dijo que es poco creíble que el PRI no estaba enterado de la operación, ya que uno de sus secretarios estaba involucrado, el dinero provenía de un gobierno priista y participaron al menos cinco militantes.
La consejera Claudia Zavala dijo que la evidencia apunta a que se documentó un esquema paralelo y consideró natural que no exista evidencia de una trama en la que se trabajó para ocultar y triangular recursos.
“No voy a acompañar este tipo de casos que nos exigen una prueba directa, respecto de cosas que evidentemente son ilícitas…”.
Dijo que darán vista a las autoridades ante la negativa del banco BBVA (Bancomer) para dar información, aunque el INE tiene la facultad de solicitar los datos.
(Proceso)