Plural en linea
Estados Unidos ha abierto este martes otro periodo excepcional en su historia al comenzar en el senado el segundo juicio por el impeachment de Donald Trump. Un año después de que fuera absuelto de los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso, el senado deberá decidir, por mayoría cualificada de dos tercios, si condena al ya expresidente por incitación de la insurrección, tras el asalto violento al este mismo Capitolio el pasado 6 de enero. Se trata, según dijo al abrir la sesión el líder de la mayoría demócrata, Chuck Schumer, de “la acusación más grave presentada nunca contra un presidente en la historia de Estados Unidos”.
Donald Trump juzgado por segunda vez. La historia se repite, pero las profundas diferencias respecto al año pasado eran evidentes desde antes incluso de que se abriera la sesión a primera hora de la tarde. El juicio arranca en un Congreso herido. Los centenares de soldados, las vallas y alambradas que rodean el Capitolio son un doloroso recordatorio de violencia extremista que está en el origen de este segundo juicio. Los senadores, muchos de ellos testigos del ataque y convertidos en miembros del jurado, llegaban al pleno por los mismos pasillos donde hace un mes se hicieron fuertes los extremistas sublevados.
El ambiente de absoluta excepcionalidad era la gran diferencia entre los dos juicios, pero no la única. Ahora Mitch McConnell, quien fuera poderoso amo de una sala cuya mayoría controló durante los últimos seis años, entró a la sala como líder de la minoría. Hoy son los demócratas los que marcan las reglas de juego. Pero, con 50 senadores y el voto de desempate de la vicepresidenta Harris, siguen teniendo tan difícil como hace un año alcanzar la mayoría cualificada de dos tercios que necesitarían para condenar a Trump.
Las máscaras de los senadores, y el hecho de que estos pudieran ausentarse de sus pupitres al contrario que en el primer juicio, recordaban la terrible pandemia que sigue golpeando al país. Algo que los republicanos utilizarán para defender que es innecesario y revanchista, en medio de una crisis que reclama atención urgente, enjuiciar a quien ya no puede ser destituido
Ese es el primer tema que tienen que valorar los senadores: si es o no constitucional someter a juicio en el Senado a una persona sobre la que pesa un impeachment, pero que ya no ostenta cargo público alguno. La Cámara de Representantes aprobó el 13 de enero el impeachment del entonces presidente Donald Trump por un único cargo de “incitación a la insurrección”, artículo que remitió al Senado el ocho días después, activando la segunda parte del proceso, que arrancó este martes: el juicio por su destitución.
El problema es que ya no hay acusado a quien destituir porque Trump, desde el 20 de enero, ya no es presidente. Algo que convierte a este juicio en excepcional y ofrece una vía a los republicanos para tratar de evitar que se celebre. Al día siguiente de recibir el artículo del impeachment, 45 de los 50 senadores republicanos votaron a favor de desestimar el juicio por inconstitucional. Una postura que ha sido desde entonces desafiada por influyentes figuras vinculadas al Partido Republicano. El domingo, en un artículo de opinión en The Wall Street Journal citado reiteradamente en la sesión de ayer, el respetado abogado constitucional Charles Cooper, conservador, pidió a los senadores republicanos que reconsideraran su postura, pues las alegaciones de inconstitucionalidad son infundadas. Considera Cooper que sugerir que el Senado no puede juzgar y condenar a expresidentes “desafía la lógica”. La Constitución da a la Cámara alta, defiende el abogado, el poder de impedir que los funcionarios condenados puedan volver a ocupar un cargo público.
“Nuestro caso está basado en hechos fríos y claros. Quieren evitar que el Senado escuche siquiera esos los hechos”, lamentó en su primera intervención Jamie Raskin, congresista por Maryland al frente de los gestores del impeachment, el equipo de legisladores enviado por la Cámara baja para ejercer de acusación. Lo que significa cuestionar la constitucionalidad, defendió Raskin, es que “si un presidente comete un delito en los últimos días de su mandato lo hace con impunidad constitucional”.
Raskin alertó contra lo que llamó “la excepción de enero a la Constitución de Estados Unidos”, en referencia al mes en que se producen los relevos en la Casa Blanca. “Sería una invitación al presidente a hacer lo que quiera cuando se debe ir, incluido cerrar la puerta por la que debe salir”, argumentó Raskin. “La excepción de enero es una invitación a las peores pesadillas de los padres fundadores”.
“Los presidentes no pueden inflamar la insurrección en su última semana de mandato y después irse tranquilamente. Tienen que permitir que le juzguemos”, pidió a los republicanos el congresista Joe Neguse, otro de los gestores del impeachment.
El debate sobre la constitucionalidad del juicio permite a los senadores republicanos desviar la atención hacia los aspectos procedimentales, y evitar la más delicada decisión de convalidar o repudiar el comportamiento de Trump. Constituyan o no sus acciones los “delitos o faltas graves” que la Constitución establece que merecen la destitución, defienden los senadores republicanos, el Senado no puede juzgarlo porque la misma Constitución no permite juzgar a un expresidente por impeachment. Se trata de una postura más política que legal. Una opinión basada, más que en un estudio a fondo de los argumentos legales, en la búsqueda de una vía de escape para eludir lo que llevan eludiendo desde el cambio en la Casa Blanca: pronunciarse públicamente sobre el extremismo que rodea a Trump y que, todavía hoy, constituye una parte significativa de las bases republicanas a las que, por su propio interés electoral, no les conviene enfrentarse.
Por eso los demócratas han querido dedicar la primera jornada al debate de la constitucionalidad. Dejar zanjado desde el primer día el tema procedimental, para que los senadores republicanos no tengan más remedio que centrarse, a partir de este miércoles, en el fondo de las acusaciones hacia el expresidente. En determinar si Trump incitó el mortal asalto al Capitolio el pasado 6 de enero para revertir el resultado electoral, en los que la acusación considera “el más grave delito constitucional”.
“El senado carece de jurisdicción sobre el 45 presidente porque este no ostenta cargo público alguno del que pueda ser destituido, lo cual convierte al artículo del impeachment en irrelevante”, defienden los abogados de Trump, Bruce Castor Jr. y David Schoen, en un escrito remitido a los gestores de la Cámara de Representantes que desempeñan el papel de acusación en el Senado. La supuesta inconstitucional del juicio, que quedará zanjada este martes, es el primer argumento de la defensa. El segundo es que el discurso que Trump dirigió a sus seguidores el 6 de enero, invitándoles a marchar hacia el Capitolio y urgiéndoles a “pelear como el demonio” está amparado por la primera enmienda, que protege la libertad de expresión. El tercer argumento de la defensa es que lo que persiguen los demócratas es orquestar un “teatro político”. Una función, en todo caso, que se prevé corta, rodeada de excepcionalidad, y cuyo primer acto acaba de comenzar.
(El País)