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Ciudad de México.- A unas semanas de que se cumplan ocho años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el escándalo por ese crimen de lesa humanidad cobró otra relevancia con la aprehensión del exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam.
La tarde del viernes 19, el primer responsable de las indagatorias se convirtió en perseguido, bajo los cargos de tortura, desaparición forzada y obstrucción en la administración de la justicia.
Con la captura, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador sepultó en definitiva “la verdad histórica”, que construyó el propio Murillo Karam durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Horas antes, el subsecretario de Derechos Humanos, de la secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, declaró formalmente como “crimen de Estado” la desaparición de los estudiantes.
La Fiscalía General de la República (FGR) también dio a conocer que va por 20 mandos militares y otros funcionarios estatales y municipales que estuvieron implicados en la desaparición y homicidio de los estudiantes.
Los mandamientos de captura fueron emitidos por el Juez Segundo de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, quien también libró órdenes de aprehensión contra cinco autoridades administrativas y judiciales del estado de Guerrero; 26 policías de Huitzuco; seis de Iguala y uno de Cocula; más 11 policías estatales de Guerrero y 14 miembros del grupo criminal Guerreros Unidos.
“Los delitos por los que se libraron las órdenes de aprehensión son por delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio y delitos contra la administración de justicia”, precisó la FGR.
Las imputaciones en cada caso se darán a conocer en el proceso penal correspondiente, y el cumplimiento de las órdenes de aprehensión serán también informadas en el momento procesal que la ley autorice, explicó la autoridad federal.
Durante el mismo viernes 19, un juez federal dio la libertad provisional a Rosario Robles, quien se encuentra en prisión desde hace tres años, acusada de ejercicio indebido del servicio público durante su gestión en las secretarías de Desarrollo Social (Sedeso) y de Desarrollo Urbano y Territorial (Sedatu).
La exfuncionaria, quien ahora se acogió a un criterio de oportunidad, reemplazó en 2015 a Murillo Karam en esta última dependencia, implicada en el escándalo por desvío de recursos mediante instituciones de educación superior.
(Proceso/fragmento de reportaje de la edición 2390 de su revista)