Plural en linea
A más once años de ocurrida la tragedia de la Guardería ABC en la que fallecieron 49 menores de edad, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que un juez federal dictara auto de vinculación a proceso del exdirector de Prestaciones Económicas y Sociales y la excoordinadora Nacional de Guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de lesiones y homicidio culposos, en la modalidad de comisión por omisión.
Los exfuncionarios Sergio Salazar Salazar, exdirector de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, quien otorgó permisos a los propietarios de la Guardería ABC, y Carla Rochín Nieto, diputada federal por el PAN de 2003 a 2006 y Coordinadora Nacional de Guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social al ocurrir el Incendio de la Guardería, fueron detenidos el pasado 9 de noviembre y quedaron sujetos a proceso penal y también a prisión preventiva oficiosa.
El Ministerio Público Federal informó que “el 5 de noviembre, solicitó al Juez de Control, librara orden de aprehensión en contra de los funcionarios referidos, la cual fue emitida por la autoridad judicial y cumplida por elementos de la Policía Federal Ministerial, el pasado día 9 y una vez puestos a disposición del Juez Federal de Control en Hermosillo, Sonora, se solicitó audiencia inicial, llevándose a cabo los días 13 y 18 de noviembre de 2020, en la que, una vez expuestos los datos y argumentos, tanto de la Fiscalía, como de la defensa de los imputados, el juzgador resolvió vincular a proceso a los imputados”.
La tragedia de la Guardería ABC ocurrió el 5 de junio de 2009, cuando el incendio que supuestamente inició en una bodega del gobierno de Sonora se extendió a la estancia infantil, en el municipio de Hermosillo, Sonora, la cual otorgaba sus servicios de manera subrogada, por el IMSS.
Además de los 49 menores de edad que fallecieron a consecuencia de la conflagración, otros 43 menores y adultos resultaron heridos.
La hoy extinta Procuraduría General de la República, ejercitó acción penal en contra de 22 personas, entre ellas, servidores públicos del IMSS, del gobierno de Sonora, del gobierno municipal de Hermosillo e integrantes de la Sociedad Civil denominada “Guardería ABC”, y de ellos el Juez Primero de Distrito en esa entidad, dictó sentencia condenatoria el 13 de mayo de 2016 en contra de 19 de los involucrados.
“El fallo judicial fue recurrido por las vías legales correspondientes y actualmente ésta por resolverse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, el reclamo social de una justicia efectiva que incluyera a funcionarios de alto nivel seguía vigente e incumplido”, refirió la FGR.
De esa manera, el 25 de febrero de 2020, el IMSS presentó una denuncia de hechos que involucró a funcionarios de alto nivel de ese organismo, y el Ministerio Público determinó “ejercitar acción penal en contra de Sergio “S” y Carla “R”, director de Prestaciones Económicas y Sociales y coordinadora Nacional de Guarderías, respectivamente, cargos directivos al interior del IMSS, que ostentaron dichos servidores públicos, por considerar que fueron omisos en cumplir con los deberes que les imponían las normas y lineamientos que regulaban el servicio de guarderías, y que de haberlos atendido probablemente se hubiera evitado el incendio de la Guardería ABC, o minimizado el riesgo de que éste ocurriera, con lo que también pudo haberse evitado la muerte de los menores de edad y las lesiones de los menores y adultos afectados”.
(La Jornada)