Plural en linea
Tras rechazar la violencia feminicida en el país, el pleno de la cámara de diputados aprobó por unanimidad en lo general que se castigue con hasta 40 años de cárcel, así como con prisión preventiva oficiosa, el delito de intento de feminicidio.
La reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Nacional de Ejecución Penal y del Código Penal Federal, para castigar el feminicidio en grado de tentativa, fue aprobada con 453 votos a favor y 24 abstenciones, por lo que fue turnada al Senado. En lo particular, se emitieron 474 sufragios a favor de todos los grupos parlamentarios.
La propuesta establece que el delito de feminicidio en grado de tentativa ameritará prisión preventiva oficiosa, al igual que el feminicidio consumado que ya estaba en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Los castigos por tentativa de feminicidio serán de 30 a 40 años de cárcel, equivalentes a la mitad y hasta dos terceras partes de la pena máxima por feminicidio, que es de 60 años. Además, plantea que los sentenciados por este delito no gozarán de libertad condicionada, anticipada ni sustitución de su pena.
En la discusión del pleno, la vicecoordinadora del PRD, Elizabeth Pérez, leyó un testimonio de una sobreviviente de intento de feminicidio:
“Aún recuerdo el intenso dolor de esa primera puñalada que se clavó en mi estómago, la sangre recorriendo mi cuerpo y el frío piso en el que estaba tirada. Me dicen que tengo mucha suerte, no morí; y quizá tenga razón, pero no entienden el dolor que me causa ver las marcas que están en mi cuerpo, que me recuerdan todos los días lo que pasó, el miedo que tengo todas las noches de que Adrián regrese y termine lo que empezó”, expresó Elizabeth Pérez.
Al respecto, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Nelly Carrasco (Morena), reconoció que hay una crisis forense en México, ya que, según datos de la Fiscalía General de la República, hay más de 52 mil cuerpos sin identificar.
Además, alertó que, de acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda, hay más de 99 mil personas desaparecidas y no localizadas en México.
“A pesar de los esfuerzos del Estado mexicano, la realidad es que la mayoría de las entidades federativas apenas cuenta con 20 por ciento de capacidad para identificar los cuerpos que reciben, a la par que persiste una sobreocupación de 40 por ciento en las instalaciones”, apuntó la diputada.
Al fundamentar el dictamen, el presidente de la comisión de justicia, Fernando Macías (PAN), señaló que sería mezquino decir que la crisis de desapariciones empezó este sexenio, ya que es resultado de muchos gobiernos y partidos.
El legislador albiazul expuso que el caso de la desaparición y muerte de Debanhi Escobar es la “muestra del fracaso de todo el Estado mexicano: municipios, gobiernos estatales, federal, diputados, senadores, la sociedad y las familias. Todos hemos fracasado”.
A nombre de Movimiento Ciudadano, la diputada Julieta Mejía subrayó que se le debe asignar el presupuesto necesario al nuevo Centro Nacional de Identificación Humana, así como a las instancias que participan en este proceso.
“Las fiscalías especializadas en nuestro país no cuentan con los recursos financieros, humanos ni materiales para encontrar a los que nos hacen falta, a pesar de la enorme crisis en la que vivimos”, lamentó la legisladora.
(La Razón)