Plural en linea
Como disparatada y peligrosa calificó la dirigencia nacional del PRI la iniciativa del coordinador de Morena en el senado, Ricardo Monreal, que propone multas hasta de 89 millones de pesos a las plataformas de redes sociales que censuren a usuarios e incumplan la ley de comunicaciones.
En su cuenta de Twitter, el partido tricolor destacó que “como dar resultados no es lo suyo, prefieren callar las voces que genuinamente expresan su descontento en espacios como Facebook y Twitter”.
Ante ello, agregó que “Morena es una desgracia para México”.
La iniciativa de Monreal señala que las redes sociales con más de un millón de usuarios, como Facebook, Twitter, Instagram o YouTube, que cancelen una cuenta de forma deliberada podrían ser sancionadas con multas de hasta 89 millones 620 mil pesos.
De acuerdo con la propuesta, será el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) el encargado de regular dichas redes, las cuales deberán pedir un permiso para operar en México.
El proyecto, que busca reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, establece que quienes deberán sujetarse a las nuevas disposiciones son “las personas físicas y las morales que se consideren redes sociales y tengan un millón o más suscriptores o usuarios, y cuyos servicios sean la difusión de información generada por sus propios usuarios como texto, datos, voz, imágenes, videos, música, sonidos o combinación de las anteriores, con la finalidad de informar, entretener o educar”.
En ese sentido, serán las mismas redes sociales quienes establezcan sus mecanismos para suspender una cuenta o perfil, eliminar un contenido o, en su caso, cancelar en forma definitiva una cuenta; “siempre y cuando tales términos y condiciones hayan sido previamente autorizados por el Instituto”.
En casos de suspensión temporal de cuentas o eliminación de contenido, “la red social podrá utilizar algoritmos o tecnologías automatizadas, para determinar su procedencia”.
Sin embargo, si una cuenta es cancelada de forma definitiva “el autorizado deberá tener un área específica que cuente con personas físicas especialistas en derechos humanos y libertad de expresión, quienes deberán emitir la resolución correspondiente. En estos casos, queda prohibido el uso de algoritmos o tecnologías automatizadas”.
(La Razón)