Plural en linea
A siete meses del conflicto en la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), 290 académicos y trabajadores administrativos firmaron una carta en la que advierten que no ha tenido y no quieren tener tratos con Armando Ríos Piter, quien fue nombrado rector de esa institución por el patronato que designó el gobierno de Puebla.
En el escrito, los trabajadores además desconocen al patronato encabezado por Horacio Magaña que fue nombrado por la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla (JCIAP), así como al abogado Rodrigo Gurza, quien asegura ser representante legal de las Fundaciones UDLAP y Mary Street Jenkins.
Advierten que, desde el 29 de junio de 2021, cuando personas armadas, “con uso excesivo de la fuerza” tomaron el campus de la universidad, no han podido regresar a las instalaciones a realizar ningún tipo de actividad presencial.
Los firmantes asientan que no ha existido ni existe ningún tipo de diálogo o acercamiento con ningún representante o miembro del Patronato nombrado por la JCIAP, ni con Ríos Piter, a quien ubican como “amigo del gobernador Miguel Barbosa Huerta”.
“Dada la falsedad y desfachatez con que se han desempeñado estas personas (rasgos antiéticos a lo que nosotros buscamos transmitir como profesoras y profesores universitarios) no sólo no tenemos contacto con ellos: no queremos tenerlos”, puntualizan.
En el escrito piden al gobernador Barbosa Huerta que deje de “interferir” en el cumplimiento de los ordenamientos judiciales y se limite al ejercicio de sus capacidades constitucionales que le obligan al respecto del estado de derecho. “Exigimos, pues, que se comporte como funcionario del Estado mexicano y como autoridad electa democráticamente”, recalcan.
Por último, los firmantes responsabilizan al experredista Ríos Piter, al patronato presidido por Magaña y a la JCIAP del deterioro o pérdida de las instalaciones y equipos que se encuentran en el campus, así como de faltantes en laboratorios, colección de arte, equipos de oficinas, materiales de trabajo, así como documentos y artículos personales que se encontraban en las instalaciones antes de la toma.
También, en redes sociales estudiantes de la UDLAP contradijeron al gobernador Barbosa Huerta, quien en su rueda de prensa de este lunes volvió a asegurar que las instalaciones de la universidad han estado todo el tiempo abiertas para el regreso a clases presenciales.
Con videos y fotografías que divulgaron en las redes sociales, los jóvenes mostraron que las puertas de la UDLAP están cerradas e incluso reprodujeron el video de un guardia que les dice que tiene órdenes de no abrirles.
También, este domingo, Ríos Piter publicó un video en sus redes sociales, en el que anuncia que ha solicitado al patronato que encabeza Magaña para que explore “todas las vías jurídicas posibles” que permitan regresar a clases presenciales en la UDLAP.
“Desafortunadamente un grupo de personas que prefirieron aliarse con quienes hicieron fraude al patrimonio de la Fundación Mary Street Jenkins se han aprovechado de los vacíos que han dejado las resoluciones judiciales para evitar colaborar en beneficio de estudiantes y maestros”, sostiene.
Afirma que la estrategia de esa contraparte ha sido dejar de pagar el mantenimiento del campus y utilizar los mecanismos oficiales de comunicación de la UDLAP para “pregonar” que el campus debe ser regresado, aunque, asegura, los laudos judiciales “no les han favorecido”.
“Quieren engañar, han vendido la idea que no se regresa a clases presenciales porque no hay voluntad nuestra, nada más falso que eso. En todo momento hemos manifestado que el campus universitario ha estado abierto y seguirá abierto para desarrollar las clases presenciales, pero se necesita coordinación con ellos para que así sea”, señala el experredista.
Dice que debido a esa actitud, que calificó de “perversa” y “mezquina” no se ha podio retornar al campus. “Si no hacemos algo al respecto, se corre el riesgo de afectar profundamente a la Universidad y eso no lo vamos a permitir”, subraya el supuesto rector quien hasta la fecha no ha tenido el control de la planta académica y administrativa de la universidad y sólo tiene la posesión del campus.
(Proceso)