Plural en linea
El gobierno de México advirtió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, de anular en su totalidad el decreto con el que la cámara de diputados aprobó el “plan B” de la Reforma Electoral, estaría sustituyendo al Congreso de la Unión y sería una violación a la Constitución.
La oficina de presidencia continúa con los reclamos a la corte luego de que se diera a conocer que el ministro Alberto Pérez Dayán planteará un proyecto para invalidar el denominado “plan B” este lunes 8 de mayo, y esta ocasión dijo que “debe prevalecer el fondo sobre la forma”, esto en el sentido de que “no debe restringir las atribuciones que la norma fundamental concede al Poder Legislativo para regular el trámite de elaboración de las normas”.
La advertencia del gobierno es que, de declararse inconstitucional la reforma sobre las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, la Corte “violará el principio de división de poderes y el equilibrio que debe existir entre estos”.
El proyecto de Pérez Dayán argumenta que la reforma debe anularse debido a que “no se cumplieron algunas formalidades del proceso legislativo”, situación que, de acuerdo con presidencia, es falsa.
“También resulta inexacto que se haya transgredido el principio de deliberación democrática, como se afirma en el proyecto de sentencia, pues durante la aprobación de las leyes que integran el “plan B” en materia electoral, el Congreso de la Unión cumplió los requisitos constitucionales, legales, reglamentarios; incluso, con los criterios de la propia SCJN”, explicó el gobierno.
Presidencia recriminó en dos aspectos a la Corte:
El primero es en relación a las demandas emitidas contra la Ley General de Comunicación Social (LGCS), que aplica desde 2018. El gobierno acusa que la Corte maneja dos parámetros distintos: uno para las leyes “neoliberales”, que en cinco años no requirieron emitir sentencia y otro distinto para las normas que legítimamente expide la soberanía popular en busca de la trasformación que exige el pueblo de México, en relación al “plan B”.
El otro es que la Suprema Corte es un poder sin legitimación popular, “no debe restringir las atribuciones que la norma fundamental concede al Poder Legislativo para regular el trámite de elaboración de las normas, siempre y cuando sean resultado de la voluntad mayoritaria de los integrantes del Congreso de la Unión”.
(El Financiero)