Plural en linea
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, aseguró que la reinstalación de Edmundo Jacobo Molina en su cargo como secretario ejecutivo, por resolución judicial, es el primer revés jurídico de muchos en contra de los cambios “arbitrarios, antidemocráticos e inconstitucionales del Plan B”.
En el mensaje semanal que compartió en sus redes sociales, destacó que se trata de la reincorporación al órgano electoral de un funcionario probo y honesto.
Sobre todo, dijo, la suspensión definitiva de un artículo transitorio que afectaba directamente al secretario ejecutivo es el primer revés que recibirá la reciente reforma electoral.
“Esta semana que concluye, una jueza de distrito le otorgó al secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, un funcionario probo, honesto y comprometido, al que el sistema electoral y la democracia le deben mucho, una suspensión definitiva en contra del cese que le impuso indebidamente la reforma y por lo tanto ordena su reinstalación.
“Con ello, estos cambios legales, arbitrarios, antidemocráticos e inconstitucionales del Plan B sufrieron su primer revés jurídico, el primero, estoy seguro, de muchos que vendrán en la batalla por reinstaurar el orden democrático y constitucional de nuestro país”, manifestó.
El presidente del Consejo General del INE recordó que con la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de todas las leyes del Plan B y su entrada en vigor, el órgano electoral interpuso la segunda controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“El instituto no sólo defiende su autonomía, sino el Estado democrático de derecho establecido en la Carta Magna en contra de la constelación de violaciones constitucionales que cerca de 200 artículos de esas leyes implican a 26 disposiciones de la Constitución”, apuntó.
Córdova remarcó que el Plan B atenta en contra de los cinco pilares del sistema electoral democrático: la autonomía e independencia de las autoridades electorales; el servicio profesional electoral; la estructura permanente del INE en todo el país; la integridad de nuestro padrón electoral y las condiciones de equidad en la competencia que impiden que los gobiernos y los funcionarios públicos intervengan en las campañas electorales.
(La Razón)