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Un año después de haberse constituido, la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos que ordenó las Naciones Unidas para Venezuela presentó este miércoles en Bruselas un demoledor informe que, por primera vez, establece responsabilidades individuales sobre graves violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno Venezuela. El reporte, de 443 páginas, califica los delitos cometidos como de lesa humanidad y señala como responsables directos al presidente, Nicolás Maduro; a Diosdado Cabello, número dos del chavismo y presidente de la Asamblea Nacional Constituyente; a los ministros de Interior, Néstor Reverol, y Defensa, Vladimir Padrino López, y a los jefes de los servicios de inteligencia, junto a otros 45 funcionarios del régimen venezolano.
“La misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales –incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura– constituyen crímenes de lesa humanidad”, dijo Marta Valiñas, presidenta de la misión. “Lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno”, agregó.
Los investigadores analizaron 223 casos ocurridos desde 2014 en adelante, de los cuales 48 se incluyen como casos de estudio exhaustivos. Examinaron además otros 2 mil 891 casos para corroborar los patrones de violaciones y crímenes. El informe es un aporte de peso al extenso expediente que ha ido acumulando el gobierno de Maduro en la justicia internacional. Además, la misión independiente califica que el inventario de violaciones señaladas entran en la competencia de la Corte Penal Internacional (CPI). La fiscalía de CPI inició en febrero de 2018 el examen preliminar de una eventual demanda por crímenes de lesa humanidad contra Venezuela que, de constituirse, sería la primera contra un país de América Latina.
“Este reporte se suma a lo que durante años organizaciones de la sociedad civil han denunciado y es fundamental para dar respuesta a las víctimas, porque las instituciones venezolanas no están defendiéndolas, sino más bien han obstaculizando la justicia”, señala Beatriz Borges, del Centro por la Justicia y la Paz, en Caracas. “Este es el resultado del trabajo de las ONG y de los medios de comunicación en presionar para obtener verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”, agregó Feliciano Reyna, otro defensor de derechos humanos.
Amnistía Internacional consideró un hito el respaldo de la ONU a miles de víctimas. “Las autoridades bajo el mando de Nicolás Maduro siguen cometiendo crímenes de derecho internacional y graves violaciones de derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, tortura, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza”, dijo en un comunicado Erika Guevara Rosas, directora para las Américas, quien exhortó a renovar el mandato de este mecanismo de escrutinio internacional. “No hacerlo sería darle la espalda a las víctimas, a la verdad y a la justicia”, dijo.
“Hoy quiero un muerto”
Las ejecuciones extrajudiciales a manos de la policía se llevan el grueso del informe. Venezuela tiene una de las tasas más altas de América Latina de letalidad policial. El texto de la misión recoge 16 casos de operaciones policiales, militares o conjuntas que dieron lugar a 53 ejecuciones extrajudiciales. También examinó 2 mil 552 incidentes adicionales en los que se produjeron 5 mil 094 muertes a manos de las fuerzas de seguridad.
Entre 2015 y 2017, las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), supuestamente establecidas para combatir el crimen, dieron lugar a detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales. La ONU examinó 140 de estos operativos, en los resultaron muertas 413 personas, en ocasiones con disparos a quemarropa. Uno de los casos investigados es una masacre ocurrida en 2016 en Barlovento, en el estado de Miranda (centro), en la que doce hombres fueron llevados de sus casas por militares y semanas después aparecieron muertos en una fosa común.
El informe destaca que altos funcionarios del gobierno han elogiado estas acciones, en las que cientos de oficiales armados entraban por asalto en comunidades, en algunos casos usando vehículos blindados y helicópteros. También revela que funcionarios de la Fuerzas de Actuación Especial (FAES, de la Policía Nacional Bolivariana) dijeron a los miembros de la misión que era una práctica acordada asesinar personas con antecedentes penales, plantar armas para simular “enfrentamientos” y efectuar un disparo con la mano del muerto en previsión de un peritaje.
Una fuente con conocimiento interno confirmó que los superiores podían dar a los oficiales “luz verde para matar”. “Los directores regionales de la FAES pedían estadísticas de muertos como procedimiento semanal o mensual. Los jefes de brigada eran responsables de recopilar estas estadísticas. Decían ‘hoy quiero un muerto, cada brigada tiene que tener un muerto”, señala el documento de la ONU.
“Estas ejecuciones extrajudiciales no pueden atribuirse a la falta de disciplina de las fuerzas de seguridad. Los oficiales de alto rango tenían mando y control efectivo sobre los perpetradores y conocimiento de sus acciones, pero no lograron prevenir o reprimir las violaciones. Los asesinatos parecen formar parte de una política de eliminación de miembros no deseados de la sociedad bajo la cobertura de la lucha contra el crimen”, añadió Valiñas.
Tortura política
El informe también recoge como una práctica sistemática la persecución por filiación política, que llevó a detenciones arbitrarias, con desapariciones forzosas por períodos cortos de tiempo y actos de tortura que, según las investigaciones de la ONU, “se cometieron generalmente durante los interrogatorios para extraer confesiones o información, incluidas las contraseñas telefónicas y de redes sociales, o para obligar a una persona a incriminarse a sí misma o a otras personas, en particular a líderes de la oposición de alto perfil”.
Posiciones de estrés, asfixia, golpes, descargas eléctricas, cortes y mutilaciones, amenazas de muerte y tortura psicológica fueron parte de las estrategias usadas para el sometimiento de los detenidos. Un caso emblemático fue el del excapitán de la Marina Rafael Acosta Arévalo, muerto por torturas bajo la custodia de la Dgcim. Un reciente informe de Amnistía Internacional, que tuvo acceso al expediente, reveló que el detenido murió en la sala del tribunal ante el juez y no en el hospital, como señaló el gobierno. El informe revela además el montaje de casos para incriminar a opositores. “En varios casos, funcionarios del Sebin hicieron que personas detenidas grabaran un audio o un video de WhatsApp varias veces hasta que el agente quedó satisfecho con la declaración”, señala el documento.
“Los organismos de inteligencia también sometieron a la disidencia –tanto hombres como mujeres– a violencia sexual, incluyendo violaciones sexuales con partes del cuerpo u objetos y amenazas de violación sexual a la persona detenida o a sus seres queridos, desnudez forzada, así como palizas y descargas eléctricas en los genitales. Estos actos de violencia sexual también constituyen una tortura o un trato cruel, inhumano o degradante”, agregó Francisco Cox, miembro de la misión de la ONU.
El documento emite 65 recomendaciones a Venezuela y a la comunidad internacional. Exhorta a los Estados a iniciar acciones legales contra los individuos señalados en el informe y pide al Consejo de Derechos de la ONU continuar las investigaciones sobre violaciones de derechos humanos en el país sudamericano. Las recomendaciones serán discutidas el 23 de septiembre por el Consejo de Derechos Humanos.
La misión de la ONU no pudo visitar Venezuela debido a que el gobierno no respondió a las solicitudes de ingreso. Además, se enfrentó a las restricciones de viaje debido a la pandemia. El documento se basa entonces en 274 entrevistas a distancia con víctimas, testigos, familiares, ex funcionarios y funcionarias del Estado, abogados, representantes de organizaciones no gubernamentales y personal internacional, informes confidenciales y expedientes a los que tuvo acceso.
(El País)