Plural en linea
El combate a la corrupción en el país ha fracasado por defectos en la implementación de principios, la simulación en el cumplimiento de normas y la falta de coordinación entre los integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA); afirma el “Informe sobre el combate a la corrupción en México, 2020”.
En la presentación del estudio, Annel Vázquez Anderson, secretaria ejecutiva del Instituto de Investigaciones en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, subrayó que el SNA ha fallado en la aplicación de los instrumentos con los que cuenta México para enfrentar a la corrupción y se burocratizaron los procesos para sancionar y prevenir que sigan dándose las condiciones propicias para este comportamiento.
“El mayor volumen de procedimientos de responsabilidades administrativas es iniciado por faltas no graves. En la plataforma digital nacional se advierte que 2020 se abrieron 32 mil 406 pero sólo se sancionó a 30 servidores públicos. De las dos mil 831 carpetas de investigación abiertas por presuntos delitos de corrupción sólo se judicializaron nueve”, expuso.
Otros hallazgos del informe fueron que se abandonó el procedimiento de licitación pública en las contrataciones gubernamentales, en 2020, 79 de cada cien procesos se realizaron vía asignación directa o sin licitación. Sobresale que la asignación de plazas sigue dándose sin pasar por el servicio profesional de carrera y no se cuenta con controles públicos suficientes de ingreso, evaluación y salida de quienes desempeñan funciones públicas. También advierte un manejo discrecional del presupuesto de egresos de la Federación.
El director del Instituto, Mauricio Merino Huerta, explicó que el informe presentado no fue construido para producir escándalo, argumentó que buscan que el Sistema Nacional Anticorrupción funcione bien.
En su intervención, el rector de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Ricardo Villanueva Lomelí, destacó la importancia de instrumentos como el informe para buscar que opere mejor el entramado institucional creado para prevenir y combatir la corrupción.
El estudio se elaboró con más de mil solicitudes de información, revisión de bases de datos oficiales y entrevistas con algunos funcionarios públicos.
(El Informador)