Plural en linea
La defensa de Rosario Robles Berlanga ofreció a la Fiscalía General de la República (FGR) declararse culpable del delito de ejercicio indebido del servicio público y cumplir una pena de cárcel de seis años mediante un juicio abreviado. En concreto, la exfuncionaria está dispuesta a admitir que fue omisa en el debido cuidado que debió seguir para vigilar el ejercicio de los recursos públicos a su cargo, así como a pagar poco más de 5 mil pesos de multa.
Si se acepta la propuesta, quien fuera titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Territorial (Sedatu) durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, cumpliría dos años de prisión por cada cargo de ejercicio indebido del servicio público y uno más por cada agravante que se le imputa. Robles aún tiene pendiente una orden de aprehensión en su contra por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El acuerdo implica no pagar los 5 mil 500 millones de pesos que reclama la Fiscalía por el daño causado por la llamada “Estafa Maestra”, ni cumplir con la pena de 21 años de prisión por los dos cargos de ejercicio indebido del servicio público agravado.
El monto propuesto por la defensa se corresponde con 60 Unidades de Medida (UMAs), equivalentes a 5 mil 400 pesos aproximadamente.
La exsecretaria rechazó la reparación del daño bajo el argumento de que la acusación en su contra es por haber sido omisa en el cumplimiento de sus funciones y no por haber desviado directamente los recursos reclamados.
La solicitud de un procedimiento abreviado significa no acogerse a un criterio de oportunidad que le permitiría obtener beneficios jurídicos como la reducción de la condena o evitar que se le abran otros procesos a cambio de entregar información sobre la “Estafa Maestra”.
De acuerdo con un audio difundido por la periodista Alanís en Milenio Televisión, en la audiencia del pasado 26 de febrero, Robles se dijo convencida de su inocencia y se identificó como una víctima del “pacto patriarcal político”. Reiteró el ofrecimiento de declararse culpable por el daño que su proceso ha causado a su familia, aunque quiso dejar claro el trato desigual y “profundamente discriminatorio” para ella por ser mujer.
En dicha audiencia, representantes de la FGR y la defensa de Rosario Robles Berlanga determinaron diferir la audiencia intermedia para el 26 de marzo a las 10:00 horas, luego de no llegar a un acuerdo en cuanto a la reparación del daño (cinco mil millones de pesos) por “Estafa Maestra”.
Durante la diligencia, que se realizó en el Reclusorio Sur y en la que estuvo presente Rosario Robles, la Fiscalía sostuvo que la propuesta de la defensa no procedía porque se niegan a reparar el daño. En ese contexto los representantes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se mostraron inflexibles a condonar la reparación del daño.
La exfuncionaria denunció que nadie de la FGR la había buscado como ordenó el juez, para discutir la posibilidad de acogerse a un criterio de oportunidad o a un procedimiento abreviado. Igualmente, hizo notar que en este caso la ASF trabaja de la mano con el actual gobierno, mientras que mantiene una disputa pública por revisión de la Cuenta Pública de 2019.
El 25 de febrero, Aristegui Noticias dio a conocer un escrito de los abogados de Rosario Robles dirigido al juez Ganther Alejandro Villar Ceballos, donde le comunica que la autoridad ministerial ha obstaculizado las gestiones para que ésta obtuviera un procedimiento abreviado o se pudiese acoger a un criterio de oportunidad.
Lo anterior, porque la Fiscalía se saltó el plazo de cinco días que le había dado el juez el 10 de febrero para que contestara sobre la petición de la defensa de Robles, en torno a la designación de un funcionario con capacidad de decisión para entablar las negociaciones, así como su modalidad, fecha, hora y lugar.
En ese sentido, el pasado 23 de febrero la FGR rechazó la posibilidad de un acuerdo con Robles Berlanga que le permita un procedimiento abreviado en la causa que se le sigue por ejercicio indebido del servicio público.
También evitó que la exfuncionaria se acogiera a un criterio de oportunidad que le permita obtener beneficios jurídicos como la reducción de la condena o evitar que se le abran otros procesos a cambio de entregar información sobre la llamada “Estafa Maestra”.
El no acatamiento de la fiscalía a lo ordenado por el juez en el plazo fijado “deja a mí representada en un pleno estado de indefensión”, sostuvo el abogado Ezequiel Antonio Magaña Rivas en el ocurso cuya copia fue obtenida por Aristegui Noticias.
En agosto de 2019, la exsecretaria fue detenida tras acudir a una audiencia, por lo que a la fecha lleva más de año y medio encarcelada.
(Aristegui Noticias)