Plural en linea
Con 276 votos a favor, 182 en contra y 2 abstenciones, la mayoría parlamentaria de Morena y sus aliados, más el voto de MC, impusieron desde la cámara de diputados un nuevo candado de transparencia a los gastos en los estados y municipios en materia de contratación de deuda pública.
Con el voto en contra del PAN, PRI y PRD, el pleno aprobó reformas a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, para incorporar el concepto de “gastos y costos sobre contratación”.
Se ordena que “los entes públicos sólo podrán destinar hasta un 0.15 por ciento del monto de los financiamientos para cubrir los gastos y costos relacionados con la contratación”.
“Cuando las obligaciones se deriven de esquemas de asociaciones público-privadas, el destino podrá ser la contratación de servicios, cuyo componente de pago incluya la inversión pública productiva realizada”, señala el dictamen.
El documento -turnado al senado para su discusión y aprobación- subraya que “se brindará certeza jurídica en el destino y aplicación de los recursos obtenidos mediante deuda pública, cuando los estados, municipios y sus respectivos entes públicos prevean que una parte de los recursos que obtengan por financiamiento se destinen a cubrir únicamente los gastos y costos relacionados con la contratación de los financiamientos”.
Señala que serán aquellos gastos que estén relacionados con la celebración del financiamiento que, de manera enunciativa más no limitativa, son: comisiones de apertura, comisiones por disposición, comisiones por estructuración, costos por la contratación de calificadoras, de instrumentos derivados y garantías de pago, sin incluir honorarios por asesoría profesional, técnica, legal y financiera.
La diputada Patricia Terrazas, del PAN, criticó “esta manera de legislar. Hacemos cada disparate, los oigo en esta tribuna decir cada incongruencia, porque, como lo dice el artículo 17 de la Constitución, ya está normado que no se puede contratar deuda si no está la aprobación del Congreso local; pero también se dice que hay soberanía de los estados y los municipios”.
“Todos aquí representamos cuando menos un municipio. ¿Ya les preguntaron a sus alcaldes o a sus gobernadores qué opinan de este disparate? ¿Ya les preguntaron? Porque yo represento 19 municipios del estado grande de Chihuahua y yo sí les pregunto, y la verdad que es difícil entender este tipo de cosas”.
Por el PRI, el diputado Ildefonso Guajardo cuestionó también que “las buenas intenciones no necesariamente dan los resultados que esperamos. Coincidimos con la modificación del artículo segundo y de describir perfectamente los costos y adiciones, pero el problema, al modificar el 22 y establecer de manera puntual y estricta un tope del 0.15 por ciento, es que estamos abriendo una diferencia tremenda entre municipios pequeños y municipios grandes”.
Explicó que “una reestructuración de un estado del tamaño de Nuevo León, por 10 mil millones, le da un margen de 15 millones con ese nuevo tabulador. Pero a un municipio pequeño que quiere reestructurar 30 millones, los 45 mil pesos con que contaría con esta ley no le da ni siquiera para pagar los costos de agencia crediticias”.
“Que nos sirva esto de experiencia que podemos llegar aquí con consensos, pero desafortunadamente cuando no se abre el diálogo, cuando no se nos invita a construir cosas en conjunto, terminamos con estas aberraciones”, dijo.
En respuesta, Morena, a través de la diputada Laura Pérez, expuso que “no vamos a caer en provocaciones” y que simplemente “al definir el monto y concepto de gastos y costos relacionados con la contratación, se brindará una mayor certeza jurídica en el destino y aplicación de los recursos obtenidos mediante deuda pública”.
“Con la aprobación del presente dictamen se otorgará a la Federación instrumentos eficientes para que toda obligación financiera sea al menor costo y se alinee en todo momento con los principios de legalidad, eficiencia, eficacia, racionalidad y economía”, afirmó.
Por el PT, el diputado Gerardo Fernández resumió que “ya es hora de parar el endeudamiento totalmente irresponsable”. “Contratar deuda no tiene necesariamente que ser un acto contrario a los intereses de la gente, el problema es que la deuda no se esté contratando para actividad productiva, para desarrollo y que además se deje a los gobiernos en condiciones verdaderamente pavorosas”.
“Es el primer paso para empezar a limitar, ordenar, generar condiciones de mayor responsabilidad en los empréstitos que se asuman desde los diferentes niveles de gobierno, particularmente en los municipios”, anotó.
(El Financiero)