Plural en linea
Ciudad de México.- El 3 de noviembre se vence el plazo para que el exdirector de Pemex Emilio Lozoya Austin presente pruebas de que entregó sumas millonarias aportadas por la empresa brasileña Odebrecht como “soborno” a seis senadores y un diputado federal para que aprobaran la reforma energética que impulsó el gobierno de Enrique Peña Nieto. Hasta ahora, el inculpado ha perdido testigos clave de sus acusaciones: dos negaron los hechos y dos murieron.
Y aun cuando Lozoya y sus abogados alargaron el periodo de aportación de pruebas, el plazo se agota. Si la autoridad judicial actúa de manera rigurosa, el indiciado podría perder el criterio de oportunidad que lo mantiene libre e ir a prisión.
En la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) el 11 de agosto de 2020, Lozoya expuso que dos personajes aportarían pruebas de lo dicho en su denuncia: Rodrigo Arteaga Santoyo, su antiguo secretario particular, y Francisco Olascoaga Rodríguez, jefe del Departamento Administrativo en la Dirección de Pemex cuando Lozoya era titular de la dependencia.
El primero presuntamente aportaría los recibos que se firmaban para la entrega de los recursos a los legisladores; el segundo, un video que captaba una de las entregas de dinero al enlace del PAN.
Sin embargo eso no sucedió. En la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000865/2020, iniciada por la denuncia de Lozoya, Arteaga y Olascoaga negaron la acusación. El primero rechazó tener recibos de entrega de dinero firmados por Rafael Jesús Caraveo Opengo; el segundo negó contar con un video de entrega de dinero a este mismo personaje, así como haber participado en entregas de recursos. El video que se hizo público fue filtrado a través de redes sociales en una cuenta a nombre del hermano de Lozoya.
Por el momento, el éxito de la estrategia jurídica de Lozoya es lograr que su madre siga gozando de arraigo domiciliario y su esposa siga en libertad en calidad de prófuga de la justicia debido a que la FGR no ha insistido en traerla de vuelta a México para que responda por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Su hermana, también beneficiada con recursos de Odebrecht, lleva su proceso en libertad.
Familiares implicados
En la denuncia que Lozoya Austin presentó a cambio de ser beneficiado con el criterio de oportunidad para permanecer en libertad, y que fue filtrada por la misma FGR, denunció que se “sobornó” a seis senadores y un diputado federal para aprobar la reforma energética de Peña Nieto.
Los legisladores que presuntamente recibieron sumas millonarias de dinero en efectivo son: el priista David Penchyna Grub, entonces presidente de la Comisión de Energía del Senado, así como sus homólogos panistas Ernesto Cordero Arroyo, Francisco Domínguez Servién, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Salvador Vega Casillas y Jorge Luis Lavalle Maury.
En su denuncia, Lozoya asegura que también fue “sobornado” con 6 millones 800 mil pesos Ricardo Anaya Cortés, en aquel tiempo coordinador de los diputados federales panistas y luego candidato presidencial derrotado en 2018.
En el apartado titulado Planeación para la aprobación y compra de votos de las reformas estructurales, Lozoya Austin destaca que la entrega de sobornos a los legisladores mencionados se hizo por instrucciones de Luis Videgaray Caso, secretario de Hacienda en esos años, y con el conocimiento del presidente Peña Nieto.
Por el momento, el éxito de la estrategia jurídica de Lozoya ha sido que su madre, su hermana y su esposa, Marielle Helene Eckes, sigan en libertad.
La orden judicial contra Eckes fue liberada desde el 4 de julio de 2019 por Jesús Eduardo Vázquez Rea, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte. Está señalada por recibir transferencias de un soborno y comprar una residencia en Ixtapa, valuada en 1 millón 900 mil dólares, lo que configuraría su probable responsabilidad en el delito de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, ya que fue quien operó el dinero que Odebrecht entregó a su esposo.
Según la orden de aprehensión en la causa penal 261/2019, el exdirector de Pemex ordenó en noviembre de 2012 el depósito de 180 mil dólares, provenientes de la cuenta 24000880974.60T de la empresa Tochos Holdings Limited, a su mamá, Gilda Margarita, en una cuenta de un banco mexicano, “bajo el concepto de pago de impuestos y abogados”.
El prófugo Ancira
El caso de su hermana Gilda Susana es el de una estudiante a nombre de quien aparecieron inmuebles y cuentas bancarias a pesar de que, en ese momento, ella no percibía ningún ingreso.
En diciembre de 2020 un juez de control, con sede en el Reclusorio Norte ordenó ejecutar la orden de aprehensión contra Gilda Susana Lozoya Austin, acusada del delito de lavado de dinero y asociación delictuosa. La FGR la señaló como copartícipe en el caso de Agronitrogenados.
En junio de 2012 se detectaron transferencias de la empresa Altos Hornos de México, S.A. (AHMSA), a favor de Tocho Holdings, empresa de la cual Gilda Susana es la beneficiaria principal, captando un monto de 3 millones de dólares, usados, de acuerdo a la FGR, para la compra de una residencia de lujo ubicada en Lomas de Bezares, en la alcaldía Miguel Hidalgo.
Dichos recursos son resultado de un soborno para que Pemex, bajo la dirección de Emilio Lozoya, comprara la planta en desuso de fertilizantes a AHMSA, provocando una pérdida a la paraestatal con un costo de 273 millones de pesos. Gilda Susana, al igual que su madre y su cuñada, sigue en libertad por amparos promovidos por su abogado.
En febrero pasado, el dueño de AHMSA, Alonso Ancira Elizondo, fue ingresado en el Reclusorio Norte; sin embargo, en abril salió en libertad gracias a un acuerdo reparatorio que el día 19 de ese mes firmó con Pemex y Pemex Transformación Industrial.
Ancira se comprometió a pagar 216 millones 664 mil 40 dólares como reparación del daño por haber realizado la venta con sobreprecio de la empresa Agronitrogenados Pemex y, según el convenio de acuerdo reparatorio firmado ante el juez de la causa en contra de Ancira, el empresario y los representantes de AHMSA y de Grupo Acerero del Norte aceptaron dejar en garantía activos empleados para la producción de acero, carbón, instalaciones inmobiliarias, como son las oficinas de Cintermex que se localizan en el Parque Fundidora, en Monterrey, una fracción de terreno en Monclova, Coahuila, equipos de generación de energía eléctrica e instalaciones y equipos que se localizan en Cozumel, Quintana Roo.
Sin embargo Ancira incumplió el acuerdo, que señalaba un plazo de 90 días a partir de la firma.
El plazo venció el 19 de julio, a pesar de ello, Ancira sigue en libertad y el gobierno mexicano no ha hecho válida la garantía para recuperar los más de 216 millones de dólares.
De acuerdo con la carpeta de investigación a cargo de la FGR, Ancira supuestamente sobornó con 3.4 millones de dólares a Emilio Lozoya para que éste gestionara ante el Consejo de Administración de Pemex la compraventa a sobreprecio de la planta de fertilizantes Agronitrogenados.
Lozoya también involucró a funcionarios durante el sexenio de Felipe Calderón, como José Antonio Meade Kuribreña, Ernesto Cordero Arroyo y a José Antonio González Anaya. Dijo que en 2011 y 2012, y aun después siguieron en contubernio con Luis Videgaray para satisfacer pretensiones de que continuara el contrato de Etileno XXI.
“Fue en el contexto de ese contrato de Etileno XXI que Luis Videgaray Caso me informó que Braskem, propietaria del contrato y filial de Odebrecht, le debía dinero al grupo de Ernesto Cordero Arroyo y José Antonio Meade.”
Sobre estos señalamientos, Lozoya también deberá presentar pruebas el próximo 3 de noviembre para continuar en libertad.
(Proceso/Texto publicado en el número 2348 de la edición impresa)