Plural en linea
Dos días después de los hechos, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reconoció que militares dispararon contra siete jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Sin embargo, el ejército no admitió que se tratara de una ejecución extrajudicial, como denunciaron familiares y organizaciones en dicho municipio.
A través de un comunicado, la Sedena informó que los hechos ocurrieron cuando militares realizaban reconocimientos en Nuevo Laredo, cuando oyeron disparos de armas de fuego, lo que provocó que se “pusieran en alerta” avanzando en dirección hacia donde escucharon las detonaciones.
De acuerdo con el parte militar, en ese momento los militares vieron un vehículo tipo pick up con siete individuos a bordo, quienes supuestamente se trasladaban a exceso de velocidad con las luces apagadas y sin placas que, “al observar la presencia de las tropas, aceleraron velocidad de manera intempestiva y evasiva, deteniendo su marcha al impactarse después con un vehículo que estaba estacionado”.
“De esta situación, al escuchar un estruendo, el personal militar accionó sus armas de fuego; suceso que actualmente diversas autoridades se encuentran investigando para determinar la veracidad de los hechos”, informó.
La Sedena confirmó la existencia de cinco personas sin vida y una persona herida, tal y cómo lo había informado previamente el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, que denunció también “al menos dos jóvenes fueron rematados con disparos en la nuca estando tirados”.
La denuncia de familiares contra el ejército
La organización sostuvo que los jóvenes asesinados son Gustavo Pérez Beriles, Wilberto Mata Estrada, Jonathan Aguilar Sánchez, Gustavo Ángel Suárez Castillo, de origen estadounidense, y Alejandro Trujillo Rocha.
Luego del ataque contra los jóvenes —uno de ellos salió ileso, según la Sedena—, pobladores de Nuevo Laredo se enfrentaron a balazos y pedradas con elementos militares por la presunta ejecución extrajudicial, pero el ejército también omitió pronunciarse.
Los vecinos gritaron y confrontaron a los soldados, quienes estaban dando perímetro a un operativo.
Los soldados contuvieron a los pobladores que arrojaron piedras y soltaron la camioneta donde fueron asesinadas las tres personas.
En estos hechos, un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional cayó y fue atropellado por una unidad militar.
El ejército dijo que colabora con la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Fiscalía General de Justicia Militar —quienes ya se encuentran investigando ambos sucesos— y mantiene un “diálogo abierto con las familias” de las víctimas.
La CNDH inició investigaciones por las presuntas ejecuciones extrajudiciales, pero evitó condenar los hechos en los que se señala al ejército.
También se inició una queja de oficio por el enfrentamiento que se presentó entre pobladores de la ciudad fronteriza y militares.
(Animal Político)