Plural en linea
Por orden de un Juez de Control de la Región Centro-Poniente de Puebla, el Congreso del Estado informó que fue suspendido Francisco Romero Serrano de su cargo como Auditor Superior del Estado (ASE), luego de que existe una denuncia en su contra por violencia familiar en agravio de un menor.
Previo a esta suspensión, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares a favor de Romero Serrano, mismas que fueron aceptadas por la Fiscalía General del Estado, y entre las cuales pide que la autoridad poblana se abstenga de seguir integrando la carpeta de investigación donde se acusa al auditor de violencia familiar.
El 4 de febrero, en el expediente CNDH/6/2022/417/Q, el organismo nacional advierte que la autoridad poblana ha seguido “de oficio” esta denuncia, pese a que la esposa de Romero Serrano, Joseline Zurita Compañ, quien tiene la patria potestad del menor, declaró que no fue ella quien la presentó, además de acusar que ha sido hostigada, presionada y perseguida, para que acuse a su marido.
Esto ocurre en medio de un enfrentamiento público que han sostenido en los últimos meses el Auditor Superior del Estado y el gobernador Miguel Barbosa Huerta.
En la queja que presentó Romero Serrano ante la CNDH asegura que esta “persecución pública” surgió a partir de que la recomendación 75/2021, que fue aceptada por el auditor, mientras que el jefe del ejecutivo poblano envió un escrito al órgano nacional para rechazarla.
La semana pasada, el auditor hizo público que, como parte de esto, los ayuntamientos, organismos descentralizados e instituciones educativas de Puebla recibieron instrucciones por parte de la Secretaría de la Función Pública del Estado y de la Consejería Jurídica del ejecutivo para que evadieran enviar información contable a la ASE, en una especie de boicot contra el ente fiscalizador.
Al mismo tiempo, el Congreso de Puebla aprobó reformas constitucionales en las cuales se establecieron vías para la destitución del titular de la auditoría y se creó una unidad para vigilar el desempeño del titular de ese órgano. Estas modificaciones fueron calificadas como un “traje a la medida” por parte de diputados panistas, quienes afirmaron que sólo buscan crear una ruta para destituir a Romero Serrano, quien concluye su período oficial hasta 2026.
Este lunes, la diputada Victoria Martínez Gallegos informó que recibieron un oficio del juez de control, Javier Vázquez Hernández, que notifica al Congreso del Estado de la medida cautelar que se decretó en una audiencia oral referente a la suspensión temporal de Romero Serrano como auditor por su presunta participación en el delito de violencia familiar en agravio de un menor.
El niño está representado en el caso por el abogado Arturo Almonte Carrera, adscrito a la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Cabe señalar que el expediente 631/2021/CHOLULA, dentro del cual se emitió la suspensión de Romero Serrano, es el mismo que menciona la CNDH y en torno al cual se emitieron las medidas cautelares a favor del auditor, su esposa y el niño Arón N.
En el escrito, la CNDH pide a la Fiscalía General de Estado que gire “las instrucciones pertinentes a efecto de abstenerse de seguir integrando la carpeta de investigación en mención y abstenerse de seguir dando impulso procesal de oficio a la referida indagatoria, toda vez que la patria potestad la ejerce la quejosa, así como la prohibición de represalias en su contra”.
De acuerdo a la queja que presentó Romero Serrano, fueron representantes del DIF los que se presentaron en el juicio como supuestos representantes del niño. En tanto que Zurita Compañ advierte que la denuncia por violencia familiar fue presentada por elementos de la policía municipal de San Andrés Cholula.
(Proceso)